El abogado de González Amador dice que el Gobierno creó el relato del “delincuente confeso”

La defensa de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su ofensiva legal en el Tribunal Supremo, sosteniendo que la presunta filtración en su contra, orquestada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, supuso la destrucción absoluta de su presunción de inocencia. García Ortiz se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y doce de inhabilitación por este caso.
Durante su informe final ante el tribunal, el abogado Gabriel Rodríguez Ramos, en representación de la acusación particular, argumentó que la difusión del correo electrónico que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 --ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto-- tuvo consecuencias devastadoras.
Según la acusación, el objetivo de la filtración no fue solo informar de la existencia de un procedimiento penal, sino transmitir públicamente un relato institucional de culpabilidad. Rodríguez Ramos enfatizó que, tras la filtración del correo y la posterior nota de prensa difundida por orden de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 14 de marzo de 2024, se transmitió que González Amador "es un delincuente confeso".
El letrado señaló que la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid, dictada por García Ortiz, logró imponer una "sentencia popular" al acusado. "No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", declaró la defensa.
Para la defensa, el error del Fiscal General fue pensar que la nota de prensa difuminaría su "deber de reserva y sigilo". El objetivo, según la acusación, era sellar institucionalmente el "relato de confesión y culpabilidad", buscando una cobertura legal "aunque mal diseñada desde el origen" a la filtración previa del mail. La nota, de hecho, señalaba explícitamente, en su punto 2, que "esta propuesta de conformidad realizada por el abogado defensor reconocía la autoría del señor González Amador de dos delitos contra la Hacienda pública".
El abogado denunció que este relato convirtió a González Amador en "moneda política" bajo una "maquinaria de comunicación" que, a su juicio, le ha generado importantes daños personales y económicos. Este "relato" se "actualiza diariamente en la política de comunicación del Gobierno de España", con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la cabeza, junto con manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros altos cargos, donde se le señala continuamente como "delincuente confeso".
El letrado se preguntó ante el tribunal: "¿Pero qué defensa se va a practicar?", en alusión a la causa abierta por fraude a Hacienda. El Ministerio Fiscal, como parte de la conformidad, trazó un "relato de culpabilidad" de "boca institucional" que acabó con el "derecho de defensa" de su cliente.