El ex subdirector de El País afirma que él nunca tuvo "el mail de la confesión" de González Amador

El caso de la presunta filtración de correos que implica al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado un nuevo giro con la declaración de José Manuel Romero, exsubdirector de El País y actual director adjunto de eldiario.es, ante el Tribunal Supremo. Romero, que testificó en calidad de testigo, ha asegurado que supo del intento de pacto de la defensa de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— desde el 12 de marzo.
El periodista ha insistido en que conoció este dato "antes" que el propio Fiscal General. La información provenía de "una fuente muy solvente" de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Dicha fuente le indicó que la defensa del empresario, cuyo abogado era Carlos Neira, buscaba un acuerdo de conformidad para reconocer delitos y pagar una multa, evitando así la entrada en prisión por fraude fiscal.
Romero declaró que, si bien conocía que la defensa había ofrecido un acuerdo, "nunca tuvo el mail del 2 de febrero" donde el letrado de González Amador admitía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".
A pesar de su grado de comunicación habitual con García Ortiz, a quien le envía mensajes por WhatsApp, al igual que con "magistrados del Tribunal Supremo", el ex subdirector de Prisa ha defendido que el Fiscal General no fue su fuente.
El testimonio también reveló las gestiones internas antes de la publicación de El País a las 22:38 horas del 13 de marzo. Romero explicó que intentaron confirmar la noticia con Neira y con el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sin éxito.
Durante el interrogatorio, Romero tuvo que admitir que en aquella publicación del 13 de marzo, El País difundió la falsedad señalando que el posible pacto de conformidad había sido parado porque al fiscal "le habían prohibido negociar" con la defensa de González Amador, una información difundida por el jefe de Gabinete de Ayuso.
Además, Romero fue el encargado de elevar las conversaciones internas de la redacción a acta notarial y aportarlas a la causa, aunque sostuvo que no se dieron cuenta de su relevancia hasta meses después.