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Editorial de Llamas. García Ortiz no es Fiscal General del Estado
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hace 1 año
Manuel Llamas analiza el caso de presunta corrupción de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado
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ÁLVARO GARCÍA ORTIZ NO ES FISCAL GENERAL DEL ESTADO
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No hace mucho tiempo, España era un país más o menos normal e incluso razonablemente
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serio y decente. Un país con sus problemas, como todos, pero donde la democracia se daba
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por hecho y las instituciones funcionaban de forma correcta. Había cosas que no se
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cuestionaban como la independencia de los jueces o el trabajo de los periodistas y otras
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muchas que eran impensables como conceder la amnistía a un grupo de golpistas para
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mantenerse en el poder o la imputación del fiscal general del estado.
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Sin embargo, España ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Esa estampa ya quedó atrás
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y el país ha entrado de lleno en una nueva era de zozobra y declive a todos los niveles.
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En esas estamos y en esas seguimos. Hoy, España es un país donde el fiscal general del estado
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garante de la legalidad es investigado por un delito de revelación de secretos para
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dañar a un adversario político del gobierno. Sí, sí, lo que oyen. Semejante barbaridad
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propia de países como Burkina Faso, Zambia, Venezuela o Sudán del Sur, pero ¿en España?
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¿En plena Europa? Pues sí, porque, no nos engañemos, en la España de Sánchez todo
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es posible, incluso usar una institución como la Fiscalía para hacer juego sucio contra
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un contrincante político. Pero claro, ¿qué se puede esperar de un presidente capaz de
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colocar al frente de la Fiscalía a su ministra de Justicia Dolores Delgado? ¿Y qué se puede
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esperar de un fiscal general, Álvaro García Ortiz, dispuesto a todo con tal de favorecer
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a sus superiores en señal de agradecimiento por su nombramiento?
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Ortiz comparecerá el próximo 29 de enero ante el Tribunal Supremo como investigado
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ante los claros indicios de que filtró datos privados y confidenciales de un particular.
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España es un país cuyo fiscal general es un presunto delincuente y, pese a ello, aquí
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no dimite ni Dios.
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Los principales indicios que recoge el Tribunal Supremo en su auto para citar a declarar a
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Ortiz como imputado son los siguientes. El 5 de marzo de 2024, el fiscal Julián Salto
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denuncia ante los juzgados a la pareja de Isabel Díaz Ayuso Alberto González Amador
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por un presunto delito de fraude tributario. Dos días después, el 7 de marzo, la fiscal
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jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, solicita la denuncia y se la reenvía a la
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Fiscalía General del Estado. La documentación de Amador, ya en manos de la Fiscalía General,
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es publicada en el diario puntoes cuatro días después, el 12 de marzo, antes incluso
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de que tuviera conocimiento su abogado. El 13 de marzo, el diario El Mundo publica que
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la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales.
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Es entonces cuando García Ortiz monta un grupo de trabajo con sus subordinados, bautizado
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como el equipo de Fortuny, para liderar el relato y demostrar que no fue la Fiscalía
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quien le ofrecía un pacto a la pareja de Ayuso, sino que dicho acuerdo fue ofertado
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inicialmente por su abogado.
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Abro paréntesis. En realidad, poco importa quién ofreciera un pacto a quién. La clave
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de todo este asunto radica en si la Fiscalía filtró o no datos privados de un particular.
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Según el auto del Supremo, hay indicios más que suficientes sobre dicha filtración.
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Ese mismo día, 13 de marzo, cinco minutos después de que El Mundo publicara esa noticia,
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Ortiz llama a María Pilar Rodríguez y esta, a su vez, al fiscal Julián Salto para que
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le envíe todos los correos intercambiados con el abogado de Amador.
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El Fiscal General del Estado recibe los citados correos esa misma noche en su gmail particular,
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concretamente a las 22 horas. Entre esos correos figuraba uno con fecha del 2 de febrero, donde
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el abogado de Amador reconocía dos delitos contra la Hacienda Pública para llegar a
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un acuerdo con el fiscal.
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Pues bien, tan solo dos horas más tarde, a las 12 de la noche, la cadena SER publica
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el contenido de ese correo electrónico. Y pocos minutos después, a las 12 y media,
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el Fiscal General manda un mensaje de agradecimiento a todo el equipo de Fortuny.
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Posteriormente, una vez hecha la filtración, la Fiscalía publicó la ya famosa nota de
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prensa sobre las actuaciones relacionadas con la pareja de Ayuso. Y por último, pero
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no menos importante, el Supremo destaca que la Fiscalía General del Estado también envió
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a Moncloa ese mismo correo privado del abogado de Amador.
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Ese correo, una comunicación confidencial entre el abogado de un particular y el fiscal,
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fue enviada a Presidencia del Gobierno y de ahí pasó a publicarse en el Plural.com
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para que Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, pudiese usarlo como
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arma política contra Ayuso durante esa misma mañana del 14 de marzo.
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Chimpún.
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El Supremo concluye que, a la vista de los indicios recabados por la investigación judicial,
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se puede hablar de una dinámica delictiva que tuvo por objetivo divulgar, a través de
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filtraciones a medios de comunicación, información concerniente a la intimidad de una persona
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que debería haber sido objeto de reserva, pero que obtuvo una publicidad que no debiera
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haber alcanzado por razones de confidencialidad. De ahí la presumible perpetración del delito
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de revelación de secretos.
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Y por si quedara alguna duda sobre la implicación de García Ortiz, esta misma semana la Fiscal
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Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado ante el juez que los datos publicados en prensa
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eran confidenciales, que solo pudieron ser filtrados desde la Fiscalía y que, atención,
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en la mañana de ese 14 de marzo, en conversación telefónica con el fiscal general, le preguntó
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Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Y este, ni corto ni perezoso, respondió, eso ahora no
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importa. Tela, telita, tela.
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¿Y qué dice el fiscal general del estado ahora que está imputado y muy posiblemente
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acabe sentado en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos?
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Escuchad.
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Que la fiscalía es noticia, que el fiscal general del estado es noticia y también a
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eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis, también os vais a... Somos garantes
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y somos la esencia de esa seguridad jurídica para que todos los ciudadanos de este país
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tengan los mismos derechos y tengan las mismas libertades.
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Nada, nada de nada, rien de rien, circulen. ¿Y el gobierno? Pues aún menos basta recordar
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lo que dijo Pedro Sánchez tras descubrirse que Ortiz borró todos los mensajes y cambió
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de móvil para ocultar pruebas a la Guardia Civil.
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Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general
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del estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión,
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sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación.
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¿Qué? ¿Cómo se quedan? Pues esto es lo que hay, amigos. Tenemos un fiscal general
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imputado que se niega a dimitir y un gobierno que, lejos de cesarlo, lo defiende y aplaude
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mientras carga contra jueces y periodistas. No, no es Venezuela ni Burkina Faso, repito,
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es España, la España Sanchista. ¿Y ahora qué? Eligio Hernández, fiscal general del
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estado en tiempos de Felipe González.
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La opinión de los que hemos sido fiscales generales, la opinión es que nunca ha habido
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un fiscal general que haya puesto al ministerio fiscal en la situación tremenda en la que
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están. Se han pasado todos los niveles de dignidad que el fiscal general del estado
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debe tener. Yo no entiendo a este hombre, la verdad, no lo entiendo. Está actuando
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de una forma que está poniendo en entredicho la defensa de la legalidad y la imparcialidad,
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que son dos facultades. Dice la constitución, en todo caso, que está sujeto al principio
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de imparcialidad y de legalidad. Yo recuerdo que jamás Felipe González me pidió a mí
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nada. Siempre me decía, eso es tu responsabilidad. Pero los dos teníamos claro de que solo
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se es libre siendo esclavo de la ley. Es que el presidente del gobierno tiene que ser uno
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de los garantes fundamentales de la ley. Y el fiscal general del estado por encima.
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Ortiz, además, ya ha sido condenado por el Supremo por desviación de poder tras ascender
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a su amiga Dolores Delgado, ex ministra de Justicia. Salvador Villada, fiscal del Tribunal
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Supremo.
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¿Y este es el peor fiscal general del estado? Hombre, no. Es muy malo, pero no es quizá
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el peor. Es malísimo. Es un fiscal general del estado desastroso. Pero quizá no es el
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peor. Ha habido otros. Lo que pasa es que el momento actual precisa de un fiscal general
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del estado de excepcionales cualidades. El momento es muy malo. Se ha hecho alusión
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aquí a una ley de amnistía, se ha hecho alusión al lawfare, se ha hecho alusión
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a muchas cosas que precisarían de un fiscal de marcada independencia respecto del gobierno
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y de marcado prestigio. Fundamentalmente prestigio. Y nos encontramos con un hombre
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que es un hombre de marcada dependencia gubernamental, de un perfil bajísimo antes de ser fiscal
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general del estado. Vamos, no quiero cargar las pintas con su trayectoria, pero desde
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luego no es lo que diríamos una eminencia. Es un fiscal normal, ascendido a la categoría
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de fiscal general del estado y, sobre todo, condenado en el Tribunal Supremo por desviación
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de poder. Un fiscal general del estado no puede estar condenado por desviación de poder,
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es que no es concebible. Somos conscientes de la gravedad de la situación. Isabel Díaz
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Ayuso, presidenta de la Comunidad Madrid. Se confirma la operación de estado que ha
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urdido el presidente del gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir,
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contra mí. Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas, según dice
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expresamente, y esto es la utilización de la fiscalía que debería estar para velar
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por la legalidad de los procesos judiciales. Se ha utilizado esta instancia, esta institución,
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para dinamitar el Estado de Derecho, para vulnerar los derechos de un ciudadano, lo
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más grave, para poner en peligro al Estado de Derecho de todos los españoles y, por
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este motivo, el fiscal general del estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir
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porque son un peligro para el Estado de Derecho y, del mismo modo, el presidente del gobierno
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debería dimitir porque es un peligro para España. Y esto, salvando las distancias,
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porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los
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poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un auténtico
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peligro para todos.
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El problema, sin embargo, es que no es un caso aislado. La utilización de la fiscalía
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general con fines políticos es un clavo más en el ataúd que está montando Sánchez para
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enterrar la democracia española.
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Todo esto, incluido la politización de la fiscalía, forma parte de un plan, el Plan
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Sánchez. Albert Rivera lo explicaba así en 2019 cuando lideraba Ciudadanos en el Congreso.
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El Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el
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poder controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y
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lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el Plan Sánchez. Y nosotros, señor Sánchez,
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ya lo advertimos cuando usted trajo aquí la moción de censura y lo vamos a seguir
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haciendo.
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Usted tiene un plan, un plan que es bueno para usted, un plan que es bueno para los
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enchufados del PSOE, para Tezanos, para Óscar López, pero es un mal plan para las familias
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españolas, un mal plan para todos ustedes, señores socialistas, un plan que le va a
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ir bien al señor Sánchez, pero le va a ir mal a las familias a las que le suban los
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impuestos el señor Sánchez. Un plan bueno para sus militantes, pero un plan malo para
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el resto de ciudadanos que van a sufrir su sectarismo. Un plan bueno para sus amigos,
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para sus socios, para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña, pero un mal
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plan para los que defienden la libertad en este país.
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Así que, señor Sánchez, usted tiene un plan, el Plan Sánchez, y nosotros vamos a
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oponernos. Hacer oposiciones, oponerse. Y no oponerse a Sánchez ni al gobierno de Sánchez,
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no, mucho más. Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España
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sectaria, que es la España de divido y vencerás, que es la España de insultar a los constitucionalistas
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y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que
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han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios, para esta investidura.
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Y así lo explica hoy Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular.
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Un perfecto ejemplo de esa figura que yo he descrito, que son los burros de Troya de la
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democracia, que llegan disfrazados demócratas a las instituciones y empiezan a destruir
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la democracia desde el interior. Es un burro de Troya de Manuel. El primer gran burro
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de Troya fue Hugo Chávez, evidentemente, y a él han seguido tantísimos otros en otros
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países. Son los que, insisto, no llegan ya vestidos con botas militares ni de revolucionarios
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a lo Che Guevara, llegan con traje y corbata a través de elecciones democráticas. Y una
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vez que entran, empiezan a colonizar todas las instituciones, a atacar a la justicia,
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a atacar a los medios de comunicación independientes, demonizar a la oposición, jugar al divide
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y vencerás. Frentismo, es un clásico. Divide y vencerás. Como no pueden gobernar por adhesión,
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gobiernan por odio. Necesitan generar odio en la sociedad para ellos perpetuarse en el
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poder. Y Pedro Sánchez es exactamente lo que está haciendo desde el minuto uno. Nosotros
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en España lo que estamos es en un proceso. No hay un gobierno en sentido estricto, un
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gobierno capaz de sacar leyes, un gobierno capaz de sacar presupuestos. Lo que hay es
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una coalición que busca un proceso de mutación constitucional. Desde la España constitucional
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de setenta y ocho, de ciudadanos libres iguales, podemos decir, a una especie de Frankenstein
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de tribus identitarias enfrentadas por agravios territoriales distintos. Y un proceso, y esto
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lo más grave, de mutación de una democracia plena, una democracia perfectible como todas,
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pero una democracia plena, con separación de poderes, a una democracia fallida. Es decir,
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a un sistema en el cual el poder ejecutivo domina, sojuja y controla a los otros. Donde
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se mantiene la fachada de democracia, tú la miras y dices, hay elecciones, hay algo
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llamado poder judicial, hay algo llamado poder legislativo, hay algo llamado medios de comunicación,
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y sin embargo acaban siendo tan golpeados y tan sojujados que son simplemente como la
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fachada de cartón piedra de lo que antes fueron poderes y contrapesos democráticos.
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Álvaro García Ortiz es un simple peón, el tonto útil que usa al presidente uno más
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para ejecutar su plan. Así lo avanzaba el propio Sánchez a finales del año 2019.
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Pues ya está, Álvaro García Ortiz no es fiscal general del estado, es el fiscal general
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del gobierno, es fiscal general de Sánchez, que es radicalmente distinto.
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