Las defensas de varios imputados en el caso denominado por el Ministerio Público como Cobra o Senasa solicitaron al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, la variación de la prisión preventiva por medidas menos gravosas.
La defensa de Gustavo Enrique Messina sostuvo que su representado no presenta peligro de fuga, por lo que pidió arresto domiciliario y presentación periódica, aunque reconoció que no fueron presentados nuevos elementos al tribunal.
En el caso de Germán Rafael Robles Quiñones, la defensa aseguró haber depositado nuevos presupuestos, argumentando que el imputado posee arraigo económico y domicilio conocido.
El abogado Jaime Terrero, representante legal de Francisco Minaya Pérez, presentó un carnet médico y afirmó que su cliente no ha obstaculizado el proceso ni la investigación.
Por su parte, Rafael Luis Martínez Hazim pidió “separar la fantasía de los hechos”, asegurando que a su defendido se le atribuyen apenas 150 mil pesos de los 15 millones mencionados en la solicitud de medida de coerción.
Asimismo, señaló que se alcanzó un acuerdo con la parte querellante y calificó de “abuso” mantener la prisión preventiva.
“Donde no hubo, no puede haber”, expresó, al considerar que el caso ha sido influenciado por un trabajo periodístico irresponsable.
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