El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 179 votos a favor, 33 en contra (Vox) y 138 abstenciones (PP y UPN), la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta norma, que llevaba 14 años bloqueada desde su impulso inicial, supone una "victoria histórica para los consumidores en España", según ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. La ley, rescatada de la legislatura anterior y retomada por el actual ministro de Consumo, establece nuevas obligaciones para las grandes empresas: aquellas con más de 250 trabajadoras, con más de 50 millones de facturación, o que presten servicios de interés general. Bustinduy resumió el impacto de la norma en declaraciones a los periodistas, afirmando que: "A partir de hoy, se va a garantizar el derecho a que nos atiendan en menos de 3 minutos, acabar con las llamadas spam, acabar con la renovación automática de las suscripciones, acabar con las reseñas falsas, es decir, toda una serie de ventajas que van a dar más poder a los consumidores y van a hacer pues que la vida de millones de personas sea un poquito más fácil". El ministro destacó que "las personas consumidoras merecen tener servicios de atención justa y personalizada establecidas por ley". Para combatir el bombardeo comercial, la ley obligará a las empresas a introducir un prefijo o código telefónico específico para identificar todas las llamadas comerciales que realicen. Las teleoperadoras tendrán la obligación de bloquear las llamadas que no provengan de estos números específicos. Además, el número usado para la publicidad deberá ser siempre distinto del que se emplee para atender a los consumidores. En cuanto al tiempo de espera, todas las consultas telefónicas deberán resolverse, de media, en menos de tres minutos, y se podrá denunciar si las esperas son mayores. La norma también refuerza el derecho de los consumidores a ser atendidos por personas, en lugar de sistemas de inteligencia artificial o máquinas. Además, pone fin a las reseñas falsas en internet, las renovaciones automáticas de contratos y elimina los gastos de gestión ocultos, garantizando transparencia en los precios. Una enmienda crucial, pactada entre Junts y el Gobierno —pese a la ruptura previa de los independentistas con La Moncloa—, obliga a estas compañías a ofrecer atención a la clientela en las diferentes lenguas cooficiales del Estado en todos los territorios bilingües. El texto, que Junts tenía intención de "indultar", deberá pasar ahora al Senado para su ratificación. Aunque puede considerarse "prácticamente definitiva", la ley no entrará en vigor hasta que concluya su trámite y se publique oficialmente.
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