Hasta ahora, el Gobierno había mantenido su defensa de la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, pese a que se encontraba sentado en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos. Sin embargo, la reciente condena a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros marca un punto de no retorno y convierte en insostenible su permanencia en el cargo. Fuentes del Ejecutivo confirman que La Moncloa activará en los próximos días el procedimiento para designar a un nuevo o nueva fiscal general, una figura que, recalcan, deberá ser una persona de reconocido prestigio profesional dentro del ámbito jurídico. Aunque la inhabilitación de García Ortiz solo será efectiva cuando la sentencia se redacte y se haga pública, el Gobierno ha comenzado ya a abandonar su posición inicial de resistencia a que el fiscal general se apartara. De hecho, anticipa ya la necesidad de nombrar a un sustituto o sustituta. Según el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general dura cuatro años, aunque puede cesar por diversas causas, entre ellas incapacidad, incumplimiento grave de sus funciones o por la finalización del Gobierno que lo propuso. Además, el artículo 44 establece que quienes hayan sido condenados por un delito doloso no pueden ejercer funciones fiscales mientras no obtengan la rehabilitación correspondiente.
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