Coincidiendo con los actos conmemorativos por el fin de la dictadura franquista y la llegada de la democracia, el debate político volvió a tensarse con fuerza después de que trascendiera el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Aunque la resolución aún no se ha hecho pública en detalle, su contenido no ha modificado la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde hace más de un año mantiene un apoyo absoluto a García Ortiz. El jefe del Ejecutivo insistió en que sigue confiando plenamente en él y afirmó con rotundidad: “Creo en la inocencia del fiscal”.
En el Gobierno se considera que este proceso judicial continúa abierto por dos motivos: la sentencia definitiva aún no se conoce y quedan posibles vías legales para impugnarla. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya señaló que existen recursos para cuestionar la decisión del Supremo y el propio Sánchez recordó, tras intervenir en la cumbre del G20, que el Tribunal Constitucional —con mayoría progresista— podría revisar el fallo. Además, el Ejecutivo no descarta que el asunto llegue incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si fuera necesario, para resolver eventuales controversias jurídicas derivadas del caso.
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