Las frases de Óscar Puente sobre los controladores por las que ha sido denunciado

El sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el dimitido ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al considerar que las declaraciones que realizó en su primera comparecencia pública tras la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) podrían ser constitutivas de delito. El escrito presentado por la organización sindical, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que está fechado el 2 de noviembre, centra sus acusaciones en la difusión verbal de datos operativos confidenciales procedentes de las grabaciones internas de Adif antes de que estos archivos sonoros trascendieran a los medios de comunicación.La comparecencia del entonces ministro tuvo lugar en el centro de control que el gestor ferroviario Adif mantiene en la estación madrileña de Atocha. En un clima marcado por la tensión institucional y las dudas sobre las causas de la tragedia, el exministro atendió a los medios de comunicación y reconoció abiertamente el acceso a las conversaciones privadas del personal ferroviario. Durante la rueda de prensa, Puente pronunció la frase «Hemos escuchado unas grabaciones que se extraen de las comunicaciones», una manifestación pública con la que, a juicio del sindicato denunciante, el responsable político anticipó el contenido de las comunicaciones entre los operadores de tráfico de Adif y los maquinistas de la línea.El escrito remitido al Alto Tribunal identifica al segundo los dos instantes cronológicos de la intervención ministerial que resultan determinantes para la investigación penal. El primer episodio se produjo a las 15.03.13 horas, momento en el que el exministro fue interrogado por las comunicaciones previas al choque y admitió haber revisado los audios, si bien aseguró no conocer con exactitud la secuencia de hechos transcurrida entre la autorización para reanudar la marcha y el impacto final del convoy.El segundo pasaje, considerado por Alferro como el más comprometido desde el punto de vista legal, se registró seis minutos después, a las 15.09.07 horas. En ese momento, Óscar Puente explicó que los técnicos del Ministerio también habían examinado las conversaciones mantenidas con otros trenes que se encontraban parados debido a la caída del sistema de seguridad automatizado LZB. Al describir uno de esos casos paralelos, el ministro reprodujo textualmente la indicación equivocada emitida por el puesto de mando de Adif y la rectificación formulada por el propio maquinista del tren: «No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista». A continuación, Puente añadió la respuesta del trabajador de Adif, quien corrigió su instrucción afirmando «Ah, sí. Marcha a la vista», para rematar su explicación declarando «Y eso es lo que hemos escuchado».Aunque la conversación reproducida verbalmente por el ministro correspondía a otra unidad ferroviaria afectada y no al tren AVE que terminó sufriendo el trágico accidente, la indicación sobre la modalidad de marcha resulta crítica en las pesquisas. La diferencia técnica entre circular en modo de «marcha normal» o bajo la directriz de «marcha a la vista» —procedimiento que exige al tren aminorar la velocidad para detenerse inmediatamente ante cualquier imprevisto— constituye uno de los ejes centrales para determinar las responsabilidades operativas de la catástrofe.Las grabaciones originales de las comunicaciones de Adif comenzaron a circular en los medios de comunicación alrededor de las 21.00 horas de aquella misma jornada, casi seis horas después de las manifestaciones públicas del mandatario socialista. La representación legal del sindicato Alferro no acusa directamente a Puente de filtrar el material de audio a las empresas periodísticas, sino de revelar verbalmente información reservada extraída de registros operativos oficiales sometidos al deber de secreto. Por ello, la denuncia invoca el artículo 417 del Código Penal sobre la revelación de información por parte de autoridades públicas y plantea la eventual aplicación del artículo 466 relativo a la divulgación de actuaciones judiciales secretas.Para esclarecer el origen y la custodia del material, la organización dirigida por Alfonso González Arias ha solicitado al Tribunal Supremo la práctica de seis diligencias de investigación. Entre ellas, Alferro pide conseguir el vídeo íntegro de la comparecencia en Atocha, requerir al Ministerio de Transportes y a Adif detalles sobre quién entregó las grabaciones al ministro y bajo qué procedimiento, examinar los protocolos de confidencialidad y verificar las horas exactas en las que se decretó el secreto judicial de las actuaciones. Este movimiento judicial abre un nuevo frente procesal para el exministro, sumándose a la querella incoada por Vox por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave y a las acciones emprendidas por el Sindicato de Circulación Ferroviario ante el juzgado de Orgaz.