La defensa de Begoña Gómez ha dado un giro significativo antes de enfrentarse a la fase oral del procedimiento judicial en su contra. Según se ha confirmado recientemente, Begoña Gómez ha decidido cambiar de abogado y ha incorporado a su defensa al penalista mallorquín Jaime Campaner. Este profesional de reconocido prestigio será el encargado de representar a la esposa del presidente del Gobierno en el juicio que se celebrará con jurado popular. Con este nombramiento, Gómez sustituye a Antonio Camacho, quien fuera ministro socialista y su representante legal desde que comenzaron las investigaciones iniciales.Jaime Campaner, que también destaca por llevar la defensa del FC Barcelona en su querella contra la anterior directiva, ya ha tomado las primeras medidas procesales. En un escrito enviado al juzgado, ha pedido que se le entreguen todas las actuaciones "debidamente ordenadas" para poder "instruirse debidamente". Además, el nuevo letrado ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado "una ampliación de diez días hábiles para la formulación del escrito de conclusiones provisionales".El abogado justifica esta prórroga argumentando que necesita "disponer de tiempo suficiente para instruirse y ejercer una asistencia letrada eficaz". En su exposición, subraya que "la ampliación solicitada deviene imprescindible para garantizar, asimismo, el más genérico derecho fundamental a la defensa, toda vez que el considerable volumen de las presentes actuaciones y la complejidad de los hechos objeto de acusación así lo exigen".La magnitud del caso es uno de los pilares de la argumentación de la defensa para dilatar los plazos de las conclusiones. Campaner recuerda que la normativa vigente "considera como justificación suficiente para acceder a la ampliación del plazo tras la conclusión del sumario en el procedimiento ordinario que la causa supere los mil folios". En este sentido, el abogado afirma que "se trata de una cifra rebasada con creces en el caso que nos ocupa, cuya causa se halla compuesta por más de treinta tomos y abundantes grabaciones audiovisuales".Mientras la defensa se reorganiza, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que el proceso continuará bajo la modalidad de jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El tribunal ha considerado que "parece perfectamente verosímil sostener" que la investigada "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra --de la UCM--, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto". Por su parte, la acusación popular ejercida por Hazte Oír ha solicitado una pena de 13 años de prisión para Gómez.
