Pedro Sánchez ‘envía’ a la ‘jurista’ Sarah Santaolalla a la cadena que pagamos todos para defender a Begoña Gómez

En un nuevo episodio de la estrategia de defensa mediática del Gobierno, la colaboradora de RTVE Sarah Santaolalla ha sido la voz elegida para cuestionar duramente la instrucción judicial del caso Begoña Gómez en el programa Malas Lenguas de La 2, una cadena pública financiada por todos los contribuyentes.

La activista política y tertuliana habitual en espacios como Mañaneros 360 y Malas Lenguas intervino para deslegitimar el procedimiento contra la esposa del presidente del Gobierno, que se enfrentará a un jurado popular.

Santaolalla, que ha defendido en múltiples ocasiones la posición del Gobierno frente a las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez, argumenta que el jurado en Madrid estaría “contaminado” por la cobertura mediática y política del caso, critica las medidas cautelares (como la retirada del pasaporte) y califica la instrucción del juez Juan Carlos Peinado de “irregular” y “vergüenza”.

Según la tertuliana, es “una vergüenza desde el principio hasta el final” el procedimiento abierto contra Gómez. Santaolalla aseguró que “el juez Peinado ha llevado una instrucción irregular” y calificó de “auténtica barbaridad” las medidas cautelares impuestas, especialmente la referida al riesgo de fuga.

“No van a encontrar 9 ciudadanos en Madrid, donde gobierna Ayuso con mayoría absoluta, que no estén contaminados por el caso Begoña Gómez”, argumentó. Además, afirmó que “el 93% de los casos que se juzga con jurado popular la sentencia es condenatoria” y señaló que el caso de Gómez se resolverá precisamente ante un jurado popular.

En este punto, Santaolalla afirmó que “hemos conocido por informes de la UCO que no se benefició económicamente, que ganó cero euros de la cátedra”. A su juicio, toda la campaña mediática y política en torno a delitos como “malversación, corrupción en los negocios…” resulta desproporcionada, ya que considera que “todo tipo de delitos que no se va a juzgar”.

Santaolalla concluyó su intervención denunciando que “me parece una barbaridad” el conjunto del proceso. Según ella, los informes de la UCO indicarían que Begoña Gómez no obtuvo beneficio económico de la cátedra en cuestión, minimizando los delitos de malversación, corrupción en los negocios y otros que se investigan.

Esta intervención se produce en un contexto de fuerte polarización. Mientras el Gobierno y sus aliados en medios públicos insisten en denunciar una supuesta “persecución judicial” o “lawfare”, la sincronizada hace un uso partidista de la televisión pública para influir en la opinión pública.