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  • hace 2 días
Varias empresas que formaron parte del esquema conocido como "detergentes de oro" continuaron proveyendo de insumos a la Municipalidad de Asunción incluso hasta el 2023. En otros casos, eran empresas diferentes pero cuyos dueños tenían vínculos familiares entre sí.

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Transcripción
00:00Varias empresas que formaron parte del esquema conocido como detergentes de oro en la municipalidad de Asunción por la que ya se ha dado la imputación del intendente y otras 21 personas siguieron operando y proveyendo a la municipalidad incluso hasta el año 2023.
00:18Había empresas que tenían vínculos familiares entre sí.
00:22El intendente de Asunción Oscar Nenecho Rodríguez y otras 21 personas entre funcionarios municipales y proveedores están actualmente imputados por asociación criminal y lesión de confianza en la causa conocida como detergentes de oro.
00:40A pesar de que Nenecho afirma que es una imputación traída de los pelos y que jamás tuvo contacto con representantes de las empresas adjudicadas, en el 2023 la comuna capitalina volvió a contratar de manera directa, alegando emergencia, a las mismas empresas y a otras relacionadas con los proveedores hoy imputados con él.
01:02En el 2023 Nenecho Rodríguez firmó varios contratos por más de 150 millones de guaraníes con San Benito Ixa, cuyo representante es Miriam Fidelina Méndez, que es hermana de María Diga Méndez Escobar, actualmente imputada con el intendente.
01:17Con la ahora imputada María Diga Méndez también firmó otro contrato por más de 80 millones de guaraníes el mismo día que lo hacía con la hermana de esta.
01:26En el caso de la empresa COVA, cuyo propietario es Juan Rodríguez y que también está imputado por la causa del 2021, en el 2023 volvió a obtener otro contrato con la Municipalidad de Asunción por 230 millones.
01:39A todas estas irregularidades se suma la otra investigación abierta por la Fiscalía en contra de Nenecho, por lesión de confianza debido al desvío de 500 mil millones de guaraníes en bonos emitidos para obras desde el 2020 hasta el 2022, situación que confirmó la Contraloría General de la República.
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