Enrique Ríos: “La diferencia salarial entre pública y concertada no se justifica por la oposición”

“Siempre estamos en el ojo del huracán. No lo buscamos, pero nos buscan”, afirma Enrique Ríos, secretario general de FSIE, sindicato mayoritario de la escuela privada y concertada, al ser preguntado por la situación actual de la enseñanza concertada. En este nuevo episodio de La charleta, Ríos lamenta que este modelo educativo “se utiliza a nivel político” y que cada cierto tiempo se reactiva una campaña de desprestigio, especialmente “con informes acerca de la financiación de la concertada”.

Uno de esos informes, elaborado por la organización CICAE en colaboración con CEAPA, vuelve anualmente a denunciar la supuesta existencia de cuotas en los centros concertados. Ríos considera que se trata de una estrategia persistente cuyo objetivo es dañar la imagen del sector: “Yo creo que el fin puede ser… tratar de desprestigiar a la enseñanza concertada”.

Frente a las acusaciones de cobro de cuotas ilegales, el líder sindical señala que “habría que ser más preciso y no hablar de cuotas sin hablar de donaciones”. A su juicio, esas aportaciones voluntarias responden a la crónica insuficiencia presupuestaria del concierto: “Es un recurso que al final tienen los centros para hacer que esto sea viable”.

Ríos recuerda que los centros concertados “son mayoritariamente sin ánimo de lucro”, y que las posibles irregularidades son excepcionales: “Yo entiendo que son excepciones. El hecho de que pueda haber algunos centros no implica que todos estén haciendo uso de estas cuotas”. Sin embargo, reconoce que esos pocos casos “hacen bastante daño” al conjunto del sector, y cita como ejemplo negativo la reciente operación de venta del grupo Educare a un fondo extranjero: “No ayuda nada, no ayuda”.

La financiación es, precisamente, una de las reivindicaciones históricas de FSIE. “Esto es algo que todo el mundo conoce: la concertada está infrafinanciada”, advierte. Según sus datos, “el coste del puesto escolar en un centro público está en torno a 5.500 euros y en un centro concertado, en torno a 3.600”. A su juicio, “lo único que falta es voluntad política”.