En marzo de 2026 se cumplirán tres años desde que Rosa María, modista de 54 años, perdió el control del chalé familiar de su padre en El Escorial (Madrid). Lo que comenzó como un contrato de alquiler legal se ha convertido en un proceso judicial interminable y en una situación de vulnerabilidad económica extrema para esta vecina madrileña.
Rosa María firmó en 2021 un contrato de arrendamiento con una familia colombiana con cuatro hijos por un importe mensual de 1.050 euros, cantidad que destinaba íntegramente al pago de la residencia de su padre, cuyo coste asciende a 1.200 euros al mes.
Durante los dos primeros años, los inquilinos cumplieron con los pagos, pero en 2023 dejaron de abonar el alquiler y desde entonces la propietaria no ha recibido ningún ingreso. La situación se ha agravado hasta el punto de que acumula una deuda superior a 26.500 euros por los impagos del alquiler, mientras que su padre, con una pensión de 900 euros mensuales, debe 17.000 euros a la residencia donde vive.
El director del centro ha permitido que el anciano siga alojado “a la espera de que la familia pueda regularizar los pagos”, un gesto que Rosa María agradece mientras afronta la incertidumbre judicial y económica que ha marcado los últimos años de su vida.
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