Polonia vive este sábado una profunda crisis e incertidumbre institucional tras una jornada de alta tensión política y judicial en torno a la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia. El conflicto entre el Ejecutivo centrista del primer ministro Donald Tusk y el entorno del presidente de la República, el nacionalista Karol Nawrocki, se desencadenó tras el anuncio de la jueza Anna Korwin-Piotrowska sobre la suspensión inmediata del presidente del organismo, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente Bartłomiej Sochański. A petición de la propia magistrada, efectivos de la Policía y agentes antidisturbios se desplegaron en el recinto para impedir el acceso a los altos cargos suspendidos, lo que provocó tumultos y enfrentamientos directos entre las fuerzas de seguridad, manifestantes y diputados de la oposición nacional-conservadora Ley y Justicia (PiS).Ante la gravedad de los acontecimientos, el presidente Karol Nawrocki interrumpió de urgencia un viaje oficial hacia Senegal para regresar a la capital polaca. Pasada la medianoche, el jefe del Estado accedió a la sede del tribunal acompañado por el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński. Desde el interior del edificio, Nawrocki denunció "una violación del orden constitucional" y criticó lo que calificó como una "toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado", convocando de inmediato a las fuerzas parlamentarias a consultas de urgencia. Por su parte, la cuenta oficial de la alta corte en redes sociales tachó la intervención de "un golpe de Estado", insistiendo en que la magistrada Korwin-Piotrowska no puede asumir la dirección en funciones al no haber prestado juramento ante la Presidencia.El choque institucional encuentra su origen en la reforma del sistema judicial impulsada entre 2015 y 2023 por el anterior Gobierno del partido PiS, periodo en el que el tribunal fue nutrido de jueces afines. Dicha reestructuración motivó en su día que la Comisión Europea activara el procedimiento del artículo 7 ante el "riesgo claro de violación grave del Estado de derecho", expediente que Bruselas cerró en mayo de 2024 tras los compromisos del nuevo Ejecutivo. Sin embargo, el bloqueo entre el Gobierno y la jefatura del Estado ha impedido la renovación pactada de los magistrados. Mientras la oposición tilda de ilegal la maniobra del Ministerio de Justicia y los seguidores del PiS se concentran ante la sede al grito de "¡Tusk traidor!", el primer ministro ha defendido la legalidad de los nombramientos asegurando que los jueces fueron elegidos "conforme a la Constitución" y acusando a Nawrocki de que "abdicó" de su obligación constitucional. Asimismo, Tusk ha respaldado la intervención manifestando a través de sus canales oficiales que "Restablecer el Estado de derecho es nuestro deber".
