La situación en Venezuela se ha vuelto crítica tras el devastador doble terremoto registrado en la festividad de San Juan. La zona de La Guaira, duramente golpeada por el sismo, se enfrenta ahora a una oleada de pillaje que ha obligado al Gobierno a tomar medidas drásticas para intentar restablecer el orden en medio de la tragedia humanitaria. El epicentro del desorden se ha localizado en Catia La Mar, donde el desabastecimiento y la desesperación han derivado en asaltos masivos a comercios. Según testimonios recogidos en la zona, grupos numerosos de personas han aprovechado los daños estructurales para entrar en almacenes y llevarse no solo productos de primera necesidad, sino también objetos de valor. José Álvarez, un voluntario llegado desde Caracas, describió la ambivalencia de la actuación policial durante los disturbios: “Estábamos en Catia La Mar el jueves después de llevar a una chama al hospital cuando vimos cómo saqueaban un mercadito de ropa y huevonadas (cosas) tecnológicas. Ahí intervino la PNB (Policía Nacional Bolivariana) porque estaban asaltando una vaina de venta de repuestos de carros (vehículos). ¿Qué necesidad tienes de repuesto de carro en medio de este caos? La verdad es que la policía apareció cuando empezaron a saquear cosas que no eran útiles”. Este sentimiento de desprotección ha llevado a los voluntarios a adoptar el lema: “Donde falta gobierno, sobra es pueblo”. Ante la escalada de la violencia y el "malandraje local", la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una respuesta contundente. La mandataria comunicó el despliegue de las Fuerzas Armadas para asegurar el suministro de insumos básicos: “Estamos en un proceso de saturación de alimentos y agua para atender a la población. Hemos tomado la decisión de militarizar el estado La Guaira, para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”. Sin embargo, la indignación popular ha crecido tras la difusión de vídeos virales que muestran a efectivos policiales participando presuntamente en los robos, cargando electrodomésticos de gran tamaño en motocicletas mientras son increpados por la ciudadanía. Por otro lado, otros testigos señalan una permisividad selectiva: “También hemos visto que la policía miraba al otro lado cuando eran damnificados los que entraban en los comercios para llevarse la ayuda que no les llegaba. Vimos el saqueo en un segundo piso donde nada hicieron, pero se estaban llevando productos de primera necesidad”, relata Víctor Marcano. El impacto económico para los comerciantes es desolador. El dueño de una compañía de iluminación transmitió en directo cómo la multitud desmantelaba su negocio, lamentando que “esto es lo que queda de mi empresa de iluminación”. En un mensaje cargado de amargura, añadió: “Lamentablemente, todo nuestro esfuerzo de 11 años no lo acabó el terremoto, lo acaba la gente. Tengo que reportar esto, qué tristeza cómo se pierde tantos años”. La falta de una distribución equitativa de la ayuda parece ser el detonante principal de esta crisis de seguridad. Mientras que la asistencia desde la capital llegó con mayor fluidez a zonas como Caribe y Caraballeda, Catia La Mar quedó rezagada, obligando a los supervivientes a participar en los saqueos para obtener comida, agua y productos higiénicos básicos en las primeras horas tras el desastre.
