Garamendi tras la sentencia del TJUE sobre interinos: "El problema está en el sector público"

El escenario laboral en la Administración Pública española ha sufrido un terremoto jurídico tras la última decisión de la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las medidas actuales de España para sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público son insuficientes y no se ajustan al Derecho de la Unión. Sin embargo, el Ejecutivo ha reaccionado con rapidez para frenar las expectativas de una regularización masiva.
La sentencia conocida este martes es contundente al señalar que "la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos". El tribunal europeo va más allá y critica el sistema de compensaciones económicas vigente en nuestro país, apuntando que "no parece que las indemnizaciones previstas por la normativa nacional... puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".
Asimismo, el fallo invalida los procesos selectivos actuales como método sancionador, ya que "tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos" si la valoración de la experiencia no se limita exclusivamente a las víctimas de tales abusos.
Pese al calado de la sentencia, el Ministerio de Función Pública ha rechazado de plano una conversión automática de interinos en personal fijo. Desde el Gobierno se apresuran a subrayar que "el derecho europeo no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público". El Ejecutivo defiende que cualquier proceso de estabilización debe pasar por una "oposición abierta a todo el mundo", cumpliendo así con la doctrina del Tribunal Constitucional.
Esta situación afecta a un colectivo de más de 800.000 trabajadores, en un sector donde la temporalidad escala por encima del 30%, especialmente en el ámbito autonómico y local. Este incumplimiento no solo genera inestabilidad laboral, sino que ha provocado que España pierda ya parte de los fondos europeos, al no cumplir el compromiso de reducir la temporalidad pública al 8%.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado el fallo para marcar distancias entre la gestión pública y la privada. Según el líder de la patronal, la sentencia "demuestra que el problema con la temporalidad está en el sector público y no en el sector privado". Garamendi sostiene que en las empresas las cifras de temporalidad "no tienen absolutamente nada que ver" gracias a que se han reducido a través del diálogo social y la reforma laboral.
El dirigente empresarial también se ha pronunciado sobre la estrategia internacional de Pedro Sánchez, valorando positivamente la apertura de mercados pero rechazando a China como referente. "Nosotros (los empresarios) trabajamos, insisto, en lo que es el área europea, en el área de las libertades, de las democracias, donde los empresarios nos sentimos a gusto", ha sentenciado.
La resolución del conflicto queda ahora en manos de los tribunales nacionales, ya que el TJUE ha recordado que "corresponderá, por tanto, al Tribunal Supremo apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan debidamente la utilización abusiva" de estos contratos.