El Congreso ha convalidado el decreto de ayudas para paliar los efectos que la guerra en Oriente Próximo está ya provocando en los bolsillos de los ciudadanos y en la cuenta de las empresas. Tras una intensa jornada parlamentaria, el Gobierno ha logrado sacar adelante un paquete económico de 5.000 millones de euros con el objetivo de frenar la escalada de precios derivada del conflicto en Irán y Oriente Próximo. El corazón del decreto ley, que ya está en vigor tras su paso por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, contempla un ambicioso plan de alivio fiscal. Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets'. Para reducir el impacto en el recibo eléctrico, el Ejecutivo ha aprobado la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%. Asimismo, se contempla una ayuda de veinte céntimos por cada litro de gasóleo profesional para transportistas y ganaderos, además de una partida específica para la compra de fertilizantes con el fin de contener los costes en la cesta de la compra. A pesar de que el paquete incluye rebajas impositivas, la votación ha reflejado la crispación política actual. El bloque del Ejecutivo sumó 175 apoyos, incluyendo a Junts, que dio su brazo a torcer tras arrancar un compromiso que exime del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. En cambio, las formaciones de izquierda votaron a favor tapándose la nariz al considerar que el texto favorece la bajada de impuestos frente a la intervención de precios. Por su parte, el Partido Popular optó por la abstención al no ver satisfecha su exigencia sobre la deflactación de la tarifa del IRPF en sus tramos más bajos. Desde las filas populares se llegó a calificar la norma como un texto de derechas por su enfoque fiscal, mientras que Vox fue más allá y tildó el decreto de auténtica farsa. El decreto no solo mira a los impuestos, sino que impone restricciones severas al sector empresarial. Se establece la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos motivados por la crisis energética para aquellas que reciban fondos públicos. Además, se ha habilitado al Gobierno para reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de evitar que los beneficios extraordinarios se queden en las grandes compañías de suministro.
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