La Corona británica se enfrenta a un escenario sin precedentes en la era moderna. Andrés de Inglaterra (Andrew Mountbatten-Windsor) ha sido detenido en la mañana de este jueves bajo la sospecha de haber incurrido en una "conducta inapropiada" en el desempeño de un cargo público. El arresto, efectuado por la policía de Thames Valley, se produjo en su actual residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, precisamente el día en que el hermano del Rey cumplía 66 años.
El origen de la detención reside en la etapa en la que el expríncipe actuó como enviado especial de Comercio Internacional del Gobierno británico, puesto que ocupó entre 2001 y 2011. Las autoridades están "evaluando" informes que sugieren que Mountbatten-Windsor envió datos comerciales confidenciales a Jeffrey Epstein en 2010 aprovechando su posición oficial. Esta "sospecha" de abuso de poder surge tras la desclasificación el mes pasado de millones de páginas de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. relacionados con el financiero pederasta.
Desde la policía del Valle del Támesis se ha confirmado que, tras una evaluación exhaustiva, han abierto una investigación formal sobre esta "denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público". Aunque Andrés ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad, el subdirector de la policía, Oliver Wright, señaló que "el individuo continúa bajo arresto policial" y que proporcionarán más datos "en el momento oportuno".
La respuesta del Palacio de Buckingham ha sido contundente para tratar de proteger la integridad de la institución. Carlos III, quien recibió la noticia con "profunda inquietud", ha emitido un comunicado firmado como "Carlos R." en el que sentencia que "la ley debe seguir su curso". El monarca ha garantizado la "cooperación completa e incondicional" de la Casa Real, asegurando que el asunto se investigará "de la forma apropiada y por las autoridades competentes".
Por su parte, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, han manifestado a través de sus portavoces que "respaldan" la firme postura del Rey. En la esfera política, el primer ministro Keir Starmer ha evitado interferir en la labor policial, aunque recordó ante las cámaras de la BBC que "la Policía llevará a cabo su propia investigación, pero uno de los principios claves en nuestro sistema es que todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de la ley".
El operativo para detener al hijo de Isabel II fue discreto pero rotundo. Al menos ocho agentes especiales se desplazaron a la granja de Wood Farm en seis vehículos sin distintivos policiales alrededor de las ocho de la mañana. El arresto se produce apenas unas semanas después de que Andrés fuera desalojado de su residencia habitual cerca del Castillo de Windsor por orden del propio monarca.
Este escándalo supone el golpe definitivo a la imagen pública de Andrés de Inglaterra, quien ya fue apartado de sus funciones reales tras la "catastrófica entrevista con la BBC" en 2019. Mientras el proceso judicial avanza, la familia real británica ha querido recalcar su compromiso con la ciudadanía afirmando que "continuaremos con nuestro deber y servicio a todos ustedes".
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