El gobierno del presidente, Javier Milei, habilitó el acceso a compra de fusiles semiautomáticos y subametralladoras de asalto derivados de modelos militares, y de calibre superior al .22 lr.
La moción viola la prohibición vigente desde los años 90, que limitaba el acceso a este tipo de armamento, exclusivamente reservado para las fuerzas armadas de Argentina.
La medida se enmarca en una flexibilización del porte de armas justificada bajo el argumento de uso deportivo u otras finalidades presuntamente lícitas, recayendo el control y fiscalización de las mismas, en el registro nacional de armas (RENAR). Si bien son exigidos una serie de requisitos que abarcan legitimización de usuarios de armas de uso civil con antigüedad de 5 años, uso deportivo demostrable, sumado a un sistema de almacenamiento seguro registrado para acceder a las armas de alto calibre, la oposición Argentina rechaza la decisión de la administración Milei.
Al mismo tiempo, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó por la posible escalada bélica que podría producir la nueva medida neoliberal de Milei, que incluso deja con más poder a delincuentes y pandilleros, ante las fuerzas armadas, según denunció Alonso.
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