El Tribunal Supremo (TS) ha dado un paso decisivo en el Caso Koldo al concluir la investigación central que implica a altos cargos socialistas y empresarios. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha emitido una resolución que propone sentar en el banquillo de los acusados al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García Izaguirre, y al empresario Víctor de Aldama. El juez ve indicios de graves delitos: cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La investigación detalla cómo los tres encausados aprovecharon sus conexiones tras el inicio de la pandemia. El juez explica que "pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico". La estrategia se basó en el acceso privilegiado a la Administración Pública: "Los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el Sr. de Aldama". Para conseguir los contratos irregulares de mascarillas, Aldama utilizó las empresas públicas con mayor liquidez, Puertos del Estado y Adif, tras haber "obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia". El informe detalla la supuesta retribución económica a los investigados. Para ganarse la voluntad de Koldo, Aldama acordó entregarle mensualidades de 10.000 euros. En el caso de Ábalos, el plan incluía la entrega de un piso en el Paseo de la Castellana y el pago de más de 82.000 euros por el alquiler de un piso de lujo en la Torre de Madrid para la compañera sentimental del ex ministro, Jéssica Rodríguez. El instructor también aprecia indicios en la contratación de Jéssica en Ineco y Tragsa, así como en la contratación de otra amiga de Ábalos, Claudia Montes, en Logirail. El magistrado Puente ha dado por concluida esta rama del Caso Koldo, enviando las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que presenten sus escritos en un plazo de 10 días.
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