María Camila Moreno Múnera, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), habló con El Espectador sobre las dos primeras sentencias restaurativas que la Sección de Apelación de la JEP dejó en firme. Dos fallos que se enfrentan a un doble reto: los recursos para su financiación y la postura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, frente a la justicia transicional. Destacó que investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos en el conflicto no es una responsabilidad opcional para el gobierno, sino una obligación de Estado.
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