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¿Defensora pública incitó a un asesinato? Descubre el caso que conmociona a Cartago, donde una funcionaria del Poder Judicial, de 47 años, enfrenta serias acusaciones. La Fiscalía investiga si sugirió eliminar a una víctima para evitar su testimonio en una causa por tentativa de homicidio.

Se alega que la defensora, con apellidos Hernández Rojas, redactó en papel oficial una escalofriante frase: "él está vivo, hay que matarlo". El propósito, según la investigación, era propiciar la libertad de imputados vinculados a la banda "Los Maruja".

El Poder Judicial ha impuesto medidas cautelares contundentes. La funcionaria queda suspendida de su cargo por seis meses, se le prohíbe acercarse a la defensa pública de Cartago y no puede comunicarse con la persona ofendida.

Este no es el único frente legal para Hernández. Mantiene otra causa en inspección judicial que ya revocó su nombramiento, decisión que actualmente se encuentra en apelación.

#DefensoraInvestigada #CartagoCostaRica #PoderJudicial

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Transcripción
00:01Se trata de una defensora pública de Cartago de apellidos Hernández Rojas, de 47 años
00:06de edad. Actualmente, Hernández figura en una causa que investiga la Fiscalía por el
00:11presunto delito de enfavorecimiento real. Según el Ministerio Público, la defensora
00:15tenía a su cargo la representación de un imputado en una causa por tentativa de homicidio
00:20ocurrida en el 2025. El pasado 28 de marzo, al parecer, ella habría sugerido ejecutar
00:27nuevamente hechos que permitieran acabar con la vida del ofendido para que no se presentara
00:32como testigo. De acuerdo con la investigación, la funcionaria incitó a su cliente y en una
00:38hoja membretada del Poder Judicial escribió la frase, él está vivo, hay que matarlo.
00:44Posteriormente, le entregó el documento a su representado y le había solicitado que se
00:48lo mostrara a otras dos personas vinculadas a la misma causa penal. Esto facilitaría que
00:54los imputados obtuvieran su libertad. Según confirmó el Poder Judicial a Telenoticias,
00:59la funcionaria ahora deberá cumplir con medidas cautelares como la suspensión del cargo por
01:03el término de seis meses, no acercarse a la defensa pública de Cartago y no comunicarse
01:08con la persona ofendida. Además de este proceso, la funcionaria mantiene
01:12una causa en inspección judicial. Por esta, el 27 de febrero del 2026, el Tribunal de la
01:19Inspección Judicial revocó el nombramiento. El mismo actualmente se encuentra en apelación
01:24y la sentencia aún no se encuentra en firme.
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