En un documento de más de 400 páginas, conocido por Colombia+20, los exjefes guerrilleros aceptan ante la JEP su responsabilidad por el reclutamiento de más de 18.000 menores, pero rechazan existencia de patrones criminales en violencias de género y reproductivas. Víctimas reclaman más verdad a los comparecientes. La JEP prepara la respuesta que podría marcar el rumbo de las sentencias.
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