La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en la Comunidad de Madrid. La operación se ha saldado con la detención de siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— acusadas de gestionar hasta 15 centros de llamadas, conocidos como call centers, bajo condiciones de semiesclavitud y trato degradante. Los centros estaban ubicados en localidades como Fuenlabrada y en distritos de la capital como Salamanca, concretamente en la calle Agustín Durán, 35 bis.
La investigación policial ha sacado a la luz un sistema de control basado en la competitividad extrema y la humillación sistemática. Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la organización clasificaba diariamente a sus empleados en función de los contratos conseguidos. El objetivo era instaurar una presión psicológica insoportable sobre aquellos que no alcanzaban las cuotas de ventas exigidas.
El método de castigo, capturado en vídeos intervenidos durante la investigación, consistía en actuar "A tartazo limpio" contra los trabajadores peor posicionados en el ranking interno. Estos empleados eran obligados a recibir tartas en la cara delante de todos sus compañeros, una escena que las autoridades han calificado de humillante y degradante. Este "premio" invertido servía para reforzar el miedo y escarmentar a quienes no lograban los objetivos comerciales del día.
La mayoría de las víctimas eran ciudadanos extranjeros en situación irregular, una condición de vulnerabilidad que la red aprovechaba para imponer condiciones de trabajo ilegales. Los empleados carecían de cualquier tipo de protección jurídica: no tenían permiso de trabajo, seguros médicos, vacaciones ni descansos obligatorios. Además, percibían salarios miserables y se veían obligados a realizar jornadas que excedían ampliamente la legalidad vigente.
Los responsables de la trama también obligaban a los trabajadores a seguir guiones telefónicos cerrados e invasivos. Estas instrucciones estaban diseñadas específicamente para confundir a los clientes y lograr contrataciones de productos o servicios de manera fraudulenta, una práctica que la Policía también está investigando por posibles irregularidades adicionales.
Para evitar ser detectados, los cabecillas de la organización cambiaban con frecuencia la ubicación de sus centros de llamadas. Sin embargo, la colaboración entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social permitió localizar hasta 15 sedes vinculadas a la misma red.
El operativo final se llevó a cabo el pasado 10 de marzo mediante una intervención simultánea en todos los centros identificados. Los siete arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, marcando el fin de una red que utilizaba el miedo y la humillación como herramientas de gestión empresarial.
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