Un juez impuso tres meses de prisión preventiva a un oficial del Ejército acusado de la muerte de un joven en el Mirador Sur.
La medida de coerción busca garantizar el proceso judicial mientras se investigan las circunstancias del hecho, que ha generado indignación ciudadana y reclamos de justicia.
El caso pone nuevamente en debate el uso de la fuerza por parte de militares y policías en espacios públicos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.
El abogado Joaquincito Boció Familia, representante legal del imputado, calificó la decisión como desproporcionada, al alegar que la muerte de la joven se produjo de manera accidental, producto de un forcejeo.
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