El Gobierno de España ha decidido intervenir con determinación en el mercado inmobiliario para intentar paliar la crisis de habitabilidad que afecta a millones de ciudadanos. Durante un acto institucional para el desbloqueo de la Operación Campamento en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobará "en las próximas semanas" un nuevo real decreto ley que incluye tres medidas urgentes y de calado estructural. El objetivo es frenar la escalada de precios y acabar con el uso fraudulento de las modalidades de arrendamiento que buscan esquivar la legislación vigente. La medida más novedosa de este paquete legislativo es la utilización de la política fiscal para estabilizar las rentas. El Ejecutivo ha diseñado una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinada exclusivamente a aquellos propietarios que opten por renovar sus contratos de alquiler sin aplicar ninguna subida a sus inquilinos. Según explicó el propio Sánchez, esta iniciativa pretende "compensar lo que ganarían si lo incrementaran", incentivando así la estabilidad frente a la rentabilidad inmediata. El presidente ha defendido la necesidad de este movimiento ante las renovaciones de contratos previstas para el año 2026, alertando de que una parte importante de la población, especialmente los jóvenes, se enfrenta a incrementos "desproporcionadas" vinculados a la "codicia y la especulación". El Gobierno sostiene que, con este incentivo, "ganan todos", permitiendo que miles de ciudadanos mantengan su hogar con "estabilidad, seguridad y predictibilidad". Más allá de los incentivos, el nuevo decreto pone el foco en combatir el fraude en las modalidades de alquiler de corta duración. Sánchez ha denunciado una "tendencia que es realmente preocupante, y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones con el único objetivo de incrementar las rentas". Para atajar esta práctica, se establecerá por ley que "la renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa". En las zonas declaradas como tensionadas bajo la Ley de Vivienda, se aplicarán además los mecanismos de control de rentas ya existentes. Asimismo, el Gobierno actuará contra el abuso en los contratos de temporada, fijando "condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada" y estableciendo un "régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración". Sánchez ha aportado datos preocupantes: en ciudades como Cádiz, Barcelona o San Sebastián, el 80% de los anuncios en plataformas digitales corresponden ya a esta modalidad, mientras que en Madrid se han triplicado en apenas dos años. Esta intervención, calificada por el presidente como una respuesta ante "un fraude y una injusticia", busca proteger a los tres millones de hogares que viven de alquiler en el país. Ante la negativa de algunas comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo tiene la obligación de actuar con medidas "urgentes y contundentes". El compromiso final es "dar la batalla" hasta consolidar la vivienda como el "quinto pilar del Estado de Bienestar".
Sé la primera persona en añadir un comentario