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  • hace 13 horas
Los empresarios españoles Álvaro Lasso Génova y Guillermo José Casado Amezua Lasso, quienes fueron acusados por presunta compra sobrefacturada de helicópteros para la Policía Nacional durante el gobierno de Fernando Lugo, movieron USS 1 millón con una offshore abierta en Panamá que usaba una cuenta bancaria en Bahamas. Ocurrió mientras la Fiscalía los investigaba en el 2013.

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Transcripción
00:00En 2013, por un supuesto negociado en la compra de cuatro helicópteros usados para la Policía
00:05Nacional, se inició una investigación penal contra Álvaro Lazo y Guillermo Casado Ameú
00:09Salazo, dos españoles con varias empresas en nuestro país, proceso en el cual también
00:14fue incluido el exministro del Interior Rafael Filizola.
00:17El contrato significó unos 47.890 millones de guaraníes y estuvo salpicado por sospechas
00:22de sobrecosto y denuncias de que la mitad de las aeronaves ni siquiera estaban operativas.
00:26Tres meses después de iniciado el proceso penal, el 19 de agosto de 2013, se inscribió
00:31ante los registros públicos de Panamá una empresa denominada Stian Investment S.A.
00:37Inicialmente, la empresa declaró un capital de 10.000 dólares, pero esto cambió cuando
00:40el 11 de abril se aprobó el aumento del capital a un millón de dólares.
00:44El 17 de abril de 2014 se decidió la emisión de dos bonos de 500.000 dólares en acciones.
00:50Los empresarios españoles compraron una acción de medio millón cada uno respectivamente y
00:54desde ese momento empezaron a estar vinculados formalmente a la empresa.
00:59Esto se dio en paralelo al avance de la investigación fiscal y una inminente acusación y elevación
01:03a juicio del caso Helicópteros.
01:05De hecho, el 23 de mayo de 2014, la Fiscalía en nuestro país acusó formalmente y pidió
01:09juicio para los empresarios y el exministro.
01:12Lazo y Casado no llegaron a ser condenados en este caso, puesto que el año pasado fueron
01:16beneficiados con la declaración de extinción de la causa, decisión que se ratificó este año.
01:20Los empresarios españoles mencionados están además en otras controvertidas empresas en
01:25las cuales entraron en litigio con instituciones del Estado paraguayo, como el caso de Ivesur,
01:29encargada de la verificación técnica vehicular en Asunción, que planteó en 2015 un arbitraje
01:34judicial exigiendo una millonaria indemnización de la comuna por supuestos daños económicos.
01:39La Municipalidad de Asunción fue obligada judicialmente a pagar más de 18.975 millones
01:44de guaraníes.
01:45Ivesur renunció a cobrar la deuda, pero a cambio logró la renovación de la concesión
01:49por otros 10 años. También forman parte del grupo Cercampo S.A., intermediaria en
01:54un contrato entre el gobierno español y el paraguayo para financiar exportaciones de
01:58bienes y servicios españoles en proyectos de interés del Estado paraguayo. En 2010,
02:02en el cuestionado caso, ganaron una demanda al gobierno paraguayo por supuesto incumplimiento
02:06de contrato por valor de 2.8 millones de dólares, aunque finalmente decidieron desistir
02:11del cobro de una parte de ese dinero.
02:14ABC Color contactó por correo electrónico con el empresario Álvaro Lazo Génova y, a través
02:18de su actual abogado, Federico Jutemann, confirmó que la empresa le pertenece, pero dijo
02:23que supuestamente nunca tuvo actividad.
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