Vicente Vallés amarga la semana al fiscal general del Estado con un triplete de pésimas noticias

El panorama se le pone de color hormiga al fiscal general del Estado.

Álvaro García Ortiz afronta un auténtico Vía Crucis esta semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2025 donde no hay una sola buena noticia que poder llevarse a la boca.

Vicente Vallés, en su informativo en Antena 3, pintó un triple escenario terrorífico para el cargo puesto prácticamente a dedo por Pedro Sánchez. La primera, el intento de retrasar una declaración ante el Tribunal Supremo que el juez rechazó de plano:

Por primera vez en la historia de la democracia, el fiscal general va a declarar como imputado. Ocurrirá este miércoles, a pesar de los intentos del propio García Ortiz de posponer esa fecha. Hoy el juez del Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Fiscal General y mantiene su declaración para el miércoles.

Pero no es esa la única mala noticia para García Ortiz:

Pero mañana, un día antes de esa declaración, el Fiscal General ya estará pendiente del mismo Tribunal Supremo. Mañana otra sala del Tribunal va a deliberar sobre un recurso contra el nombramiento de García Ortiz como Fiscal General. De prosperar ese recurso, García Ortiz no sería solo el primer Fiscal General imputado, sino que podría convertirse también en el primer Fiscal General cuyo nombramiento es tumbado por el Tribunal Supremo.

El remate a toda esta historia es que el magistrado del Alto Tribunal también rechaza el hecho de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso sea un defraudador fiscal:

Y además, el juez que investiga al fiscal ha emitido un auto en el que hay un aspecto importante, porque el juez apunta una tesis contraria a la que han sostenido durante meses tanto el fiscal general como el Gobierno. Durante meses, desde Moncloa, el argumentario contra el novio de Ayuso ha sido que es un defraudador fiscal. Pues bien, el juez dice, y así lo refleja por escrito en ese auto, que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso sin serlo. Así lo dice. Añade que esto conlleva un daño reputacional. Dice también que no se puede minimizar la trascendencia de la filtración que se investiga. Y además, el Supremo se niega a llamar a declarar a varios periodistas y a intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez. Ninguna de estas decisiones y ninguna de estas afirmaciones del juez supone una buena noticia para el Fiscal General, ni tampoco para el Gobierno.