La posición ucraniana es clara; sin la confiscación de los activos rusos congelados, el país carecerá de los fondos necesarios para financiar la mitad de su presupuesto militar. Sin embargo, esta medida de presión económica choca con la aplicación del Estado de derecho. Países de la Unión Europea como Bélgica no actúan por indecisión, sino por la previsión fundada de perder en los tribunales internacionales ante la falta de un marco jurídico sólido que respalde la incautación. teleSUR
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