El decreto del gobierno de Javier Milei, que endurece los requisitos para otorgar pensiones por discapacidad, provocó un fuerte rechazo por el uso de términos como “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. Organizaciones y otros profesionales allegados a este colectivo, expresaron su repudio por considerar que vulnera los derechos y la inclusión lograda hasta la fecha en Argentina. Como respuesta Nación dio marcha atrás y modificó la redacción del documento oficial.
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