La caza, por Ana Pardo de Vera

Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado el 1 de agosto de 2022 a propuesta del presidente del Gobierno. Recuerdan, seguro, aquello tan desafortunado de “¿De quién depende la Fiscalía?” que dijo Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Nacional, aunque no es realmente así: el presidente del Gobierno nombra al fiscal general, pero este alto cargo es y debe ser independiente y autónomo en cumplimiento de la Constitución.
El Fiscal General del Estado lleva poco más de 30 meses en su cargo y esta semana hemos conocido que un tercio de ese ejercicio en uno de los puestos más relevantes del Estado; un cargo que maneja información de la que depende la seguridad de todos y todas, sea sobre terrorismo o crimen organizado, entre otras.
Esta semana hemos sabido, insisto, que la actividad profesional y personal de diez de esos 30 meses que lleva García Ortiz como fiscal general están en manos de una buena parte de las asociaciones de ultraderecha de este país, además de en manos de la defensa del novio de Ayuso y defraudador confeso de dos delitos fiscales, Alberto González Amador.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, como saben, en una decisión sin precedentes, ha imputado al fiscal general por una revelación de datos de la pareja de Ayuso que conocían cientos de personas y que, en realidad, ni eran secretos ni eran nada gracias al gabinete de la presidenta Ayuso, a quien el propio González Amador había pasado la información antes que a nadie para fabricar un bulo sobre sus dos delitos fiscales y el pacto que imploró él a la Fiscalía para no ir a la cárcel. Él a la Fiscalía, no la Fiscalía a él, como quiso hacernos creer el Gobierno de Ayuso con un bulo como la catedral de La Almudena.
El juez Hurtado, empujado gustosamente por el novio de Ayuso, está empeñado en procesar al fiscal general aunque no haya desvelado ni una sola evidencia de la filtración de nada por parte de García Ortiz. Ha ordenado un registro en el despacho del fiscal que suele hacerse a medida de terroristas y narcotraficantes, ha incautado los dispositivos del fiscal y ha entregado a las partes del proceso, entre otros, los fascistas de Manos Limpias, todo lo que ha encontrado del fiscal en su móvil en un periodo de diez meses.
Diez meses, sí, de la vida de un fiscal general y de una persona puestos a disposición de quienes niegan la democracia; la seguridad del Estado y de mucha gente en manos de la ultraderecha y el novio de Ayuso, o sea, de la propia Ayuso.
Y ustedes dirán: “Habrán imputado ya al juez Hurtado por esa filtración masiva y tan peligrosa”. Y yo les contesto: por supuesto que no, el juez Hurtado está en el lado bueno de la historia, recuerden. O sea, está en el lado de quienes consideran que todos los organismos judiciales son suyos, particularmente, los más poderosos. “Quien pueda hacer que haga”, dijo Aznar para cargarse al Gobierno de coalición. Y el juez Hurtado está haciendo, está tratando de dar caza al fiscal general.