Las acusaciones particulares personadas en el procedimiento judicial por los presuntos malos tratos a menores de 3 años en la guardería Pecas de Pozuelo de Alarcón (Madrid) han presentado un nuevo escrito ante el juzgado en el que elevan a más de 1.850 las agresiones y tratos vejatorios documentados contra los niños. El caso, que comenzó a investigarse a finales de noviembre de 2023, suma ya un volumen masivo de secuencias violentas identificadas tras el visionado minucioso de las grabaciones de videovigilancia del centro infantil. La nueva solicitud de ampliación de la causa se produce en un momento de tensión procesal, poco después de que la Fiscalía de Madrid se haya adherido al recurso presentado por una de las trabajadoras investigadas para frenar la extensión de los hechos imputados.Los tratos degradantes recogidos en los informes de las partes incluyen pinchazos en el rostro, zarandeos a los menores mientras dormían, cachetes y encierros sistemáticos en cuartos a oscuras. Las agresiones documentadas por los padres se atribuyen principalmente a una empleada veterana llamada Begoña y a otra trabajadora de nombre Tamara, aunque en la causa judicial figuran al menos siete personas imputadas. El caso salió a la luz pública a finales de 2023 a raíz de la denuncia formulada por una empleada en prácticas que grabó vídeos de forma clandestina en los que se apreciaban las humillaciones a los alumnos. El establecimiento de educación infantil, al que acudían hijos de figuras públicas como el futbolista Álvaro Morata o el cantante Huecco, fue clausurado en febrero de 2024 debido a diversas irregularidades urbanísticas.La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, la magistrada María del Carmen Neira, encomendó a la Policía Judicial del municipio el volcado completo de las cámaras de videovigilancia del recinto para su posterior estudio. Asimismo, la instructora facilitó el acceso a las imágenes a las partes personadas, las cuales detectaron tras su revisión una “pluralidad de hechos que no figuraban en los atestados policiales”, según indicó la propia jueza en su auto del 11 de junio de 2026, remarcando que tales episodios “desbordan” en “número e intensidad” los que habían sido identificados inicialmente.La evolución de las averiguaciones judiciales refleja una acumulación constante de episodios violentos. A fecha de 6 de noviembre de 2025, una de las acusaciones particulares ya había logrado detallar 110 episodios de agresión “nuevos y distintos a los identificados policialmente”. Posteriormente, en junio de 2026, la cifra admitida por el juzgado ascendió a “352 acontecimientos con acciones agresivas y/o atentatorias contra la integridad moral cometidas contra los menores”. Sin embargo, poco antes de dictarse dicho auto, las familias ya habían aportado nuevos escritos que identificaban 499 acciones de carácter agresivo. La labor de identificación se ha apoyado en el análisis de las filmaciones registradas por 10 cámaras entre las 08.00 y las 18.00 horas durante dos meses ininterrumpidos, adjuntando fotogramas de cada incidente. Con este mismo método, el pasado 23 de octubre de 2026 se presentó el último escrito que certifica que los actos denigrantes superan los 1.800 eventos.En paralelo al incremento de denuncias por parte de las familias, la defensa de Begoña —una de las principales investigadas— recurrió el auto judicial que fijó la imputación en 352 hechos. La Fiscalía de Madrid se sumó a este recurso el pasado 1 de octubre alegando que la resolución judicial aborda “de manera genérica” la extensión de las pesquisas y argumentando “que algunos son los mismos que ya se contenían en el atestado”.El escrito presentado por la representación del Ministerio Público sostiene de forma tajante que “La ampliación de la imputación de hechos no debe ser genérica”. Según razona la fiscal del caso, la causa “debe acotarse a fin de no causar indefensión, debiendo conocerse y concretarse qué nuevos hechos se imputan distintos a los ya existentes que ya constaban en autos, a quien se le imputan y respecto a qué víctima”. El Ministerio Público advierte formalmente de que “Si no se actúa de esta forma”, se corre el peligro de que “existe un riesgo cierto de lesión del derecho a la defensa”. No obstante, la magistrada atribuye en su auto los nuevos episodios a cinco de las trabajadoras imputadas, remitiéndose al trabajo descriptivo aportado por las familias que acompaña fecha, hora exacta y captura de pantalla “de una recopilación y descripción con fecha y fotograma de cada uno de dichos actos”.
