Un giro contundente sacude la política latinoamericana mientras la seguridad se consolida como la prioridad absoluta. Desde Bogotá hasta Santiago de Chile, los ejecutivos de la nueva derecha están recurriendo de forma masiva a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, la extorsión y el tráfico de drogas. Presidentes como Abelardo de la Espriella en Colombia, Keiko Fujimori en Perú o José Antonio Kast en Chile buscan emular la mano dura del salvadoreño Nayib Bukele, desplegando tropas, levantando cercos en las fronteras y militarizando la seguridad interior para recuperar el control territorial.
Esta corriente coincide con una renovada estrategia impulsada desde Washington. La creación del denominado Escudo de las Américas por parte de la administración de Donald Trump busca articular una vasta coalición contra el narcoterrorismo en la región. Sin embargo, analistas advierten de que la presencia militar resulta insuficiente si no va acompañada de inversión estatal, justicia e infraestructura básica en las comunidades afectadas. Mientras algunos gobiernos aceptan el respaldo tecnológico y logístico estadounidense a cambio de una estrecha alineación geopolítica, otros sectores señalan el riesgo de un exceso de subordinación hacia la Casa Blanca. El debate entre la pacificación por la fuerza y la respuesta estructural define hoy el rumbo del continente.
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