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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes 8 de junio la polémica Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, la cual autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a ejecutar operativos conjuntos.

El objetivo de esta medida es reprimir las protestas sociales que exigen su renuncia desde el pasado 1 de mayo.

La situación provoca un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías hace más de un mes. Asimismo, despierta alarmas en las organizaciones sociales ante lo que califican como una inminente ola de represión institucionalizada.

Por su parte, analistas internacionales denuncian la injerencia extranjera detrás del blindaje represivo del gobierno de Paz. En días recientes, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, manifestó públicamente su respaldo al mandatario bajo la narrativa de combatir el "dominio del narcoterrorismo", una postura que coincide con los lineamientos del discurso gubernamental boliviano

Richter: La nueva Ley 1740 en Bolivia establece dos alarmantes medidas en sus estados de excepción. El artículo 26 dicta la "presunción de legalidad" para toda acción represiva o detención de la Policía y las Fuerzas Armadas, otorgándoles un escudo de impunidad ante posibles excesos. Además, el artículo siguiente garantiza que, si algún efectivo es procesado judicialmente, el Estado financiará y asumirá su defensa legal completa. Esto induce al cumplimiento ciego de órdenes superiores al eliminar el temor a la judicialización y los costos económicos, lo que genera graves sospechas en un sistema judicial ya en crisis.

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Transcripción
00:00modificarla o de sustituirla por otra. Finalmente terminó sustituyéndola por la ley 1740.
00:07Allí podemos hacer varias observaciones, pero la que nos preocupa con mayor atención
00:14está aquella que refiere que a partir de ahora, en el artículo 26 de la misma ley,
00:21existe una presunción de legalidad de todo lo que vaya a operar tanto la Policía Nacional
00:27como las Fuerzas Armadas en la eventual implementación de un estado de excepción.
00:34Esta presunción de legalidad significa, algo que además va en contrario de la Constitución Política del Estado,
00:41significa que todo lo que puedan realizar en términos de represión, de detenciones, etc.,
00:50en medio de un estado de excepción, pues va a tener el aval de que es legal.
00:55Y acto seguido, el artículo siguiente también es dramático en su redacción,
01:02puesto que el mismo señala que va a existir en caso de que finalmente un hombre de la Policía
01:11o de las Fuerzas Armadas sea llevado a un proceso jurídico legal en el país,
01:17pues va a tener patrocinio legal institucional financiado desde el Estado,
01:24por el Estado, en todo el proceso en el cual sea investigado o sea conocido este hecho de una legalidad,
01:35entre comillas.
01:36¿Esto qué significa? Que se está induciendo a que haya un cumplimiento de órdenes superiores
01:43sin cuestionar las mismas, que ya no hay temor a la judicialización posterior
01:49y, por supuesto, tampoco a tener que asumir los gastos de lo que significa siempre un proceso legal.
01:56Ahora el proceso legal lo asume el Estado.
01:58Entonces, son dos observaciones, entre muchas otras, dos observaciones muy críticas.
02:04Primero, esta presunción de legalidad de todo lo que opere las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
02:11Es decir, hay un escudo de impunidad contra los excesos que puedan cometer la gente de ambas instituciones.
02:24Y, número dos, el Estado, en caso de que sean juzgados, será el que asume su defensa.
02:30Por supuesto, también allí en un sistema judicial que está en crisis y en observación,
02:36no deja de generar una sospecha que sea el Estado en el que esté tratando de buscar un patrocinio legal
02:43y después influyendo sobre los dictámenes judiciales o, por lo menos, en el curso de la investigación.
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