Nuevo protocolo del Gobierno y la Iglesia para la reparación económica de víctimas de abusos

España marca un hito en la reparación de las víctimas de la Iglesia católica. El próximo 15 de abril será la fecha oficial en la que se pondrá en marcha el nuevo sistema de reparación destinado a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial cuyos casos ya hayan prescrito. Este mecanismo, fruto de un protocolo conjunto firmado este lunes 30 de marzo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo, busca ofrecer una salida a quienes ya no pueden recurrir a la justicia ordinaria.
Una de las particularidades de este acuerdo es que, a diferencia de otros sistemas de indemnización, no se han establecido cifras, baremos ni horquillas económicas cerradas. El presidente de la CEE, Luis Argüello, ha definido el pacto como "una propuesta integral sin cifras y sin horquillas". En su lugar, se aplicarán "criterios" cualitativos para fijar las cuantías, tales como la gravedad del abuso, la edad de la víctima en el momento de los hechos, la duración de los mismos o las secuelas padecidas.
En este modelo mixto, la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones, mientras que el Defensor del Pueblo será el encargado de revisar cada historia particular y fijar las cantidades correspondientes. Sobre este punto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha subrayado que "se pretende una reparación justa que no tiene que estar determinada por una cifra ni mínima ni maxima".
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha destacado la importancia de evitar el sufrimiento adicional de los afectados, señalando que "buscamos una reparación que tiene muchas dimensiones y no se puede permitir la revictimizacion de las personas". Por su parte, las instituciones eclesiásticas han defendido que, "a partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad".
El acuerdo ha sido recibido con matices por los distintos firmantes. Mientras que Argüello ha expresado su deseo de que este paso "sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos" —pese a reconocer que "hay ámbitos donde la reparación integral es imposible"—, el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, ha valorado positivamente el consenso. Para Díaz Sariego, siempre es mejor "un acuerdo aunque no sea perfecto que un no acuerdo", con el fin de "aliviar ese dolor y sufrimiento profundo" de las víctimas a las que "no las queremos abandonar ni ignorar".
El Gobierno ha calificado la firma como un acto de reparación necesaria tras décadas de silencio. Bolaños enfatizó que "hoy es un día de justicia con esas miles de víctimas que sufrieron abusos en el seno de la Iglesia católica, a las que no solo nadie las acompañó sino que se puso en duda lo que dijeron y fueron olvidadas".
Las víctimas que ya hubieran acudido anteriormente al Plan de Reparación Integral (PRIVA) impulsado por la Iglesia en 2024 también podrán acogerse a este nuevo modelo coordinado. Con la apertura del plazo de solicitudes el 15 de abril, España inicia un proceso que pretende, ante todo, dignificar a quienes sufrieron abusos en el seno de la institución.