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  • hace 2 días
El exministro de la SEN Joaquín Daniel Roa Burgos y el empresario Alberto Koube Ayala afrontarán juicio oral y público, resolvió el juez Rodrigo Estigarribia. Ambos están procesados por varios ilícitos, derivados del operativo A Ultranza Py.

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Transcripción
00:00Un juez penal de garantías resolvió que el caso Joaquín Roa, ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional durante el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez y Alberto Couve, empresario, sea elevado a juicio oral y público.
00:16El juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Rodrigo Stigarrivia, resolvó elevar a juicio oral y público la causa congratulada en contra del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa Burgos, y el empresario Alberto Couve Ayala, investigados por los hechos de lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, entre otros.
00:37La acusación es por la presunta asociación que orquestaron para el desvío de más de 16.000 millones de guaraníes en la Secretaría de Emergencia Nacional, con supuestas licitaciones que fueron adjudicadas a firmas de Couve, y tras el cual el ex secretario de Estado recibió un yate de 450.000 dólares.
00:53Para la Fiscalía existen pruebas suficientes en contra de los procesados.
00:57Tenemos sobrados elementos, hasta diría tenemos una sobrecarga probatoria de la participación en cuanto, en primer lugar, a la recepción de una embarcación de parte del señor Couve, que nunca fue transferida a través de un contrato privado, del cual se descubrió que era un contrato ficticio, que no existió una contraprestación de bienes.
01:21Entonces, él en su calidad de funcionario público recibió una dádiva, en este caso de parte del señor Alberto Couve, de 450.000 dólares americanos.
01:32Y asimismo, en compensación, de acuerdo a la investigación, él le otorgó al menos lo que nosotros pudimos descubrir, 11 licitaciones que tendrían un valor de 16.000 millones de guaraníes.
01:44El fiscal Corbeta dijo que el siguiente paso es la conformación del tribunal para la realización del juicio oral, salvo que la defensa apele la resolución del juez, algo que cree que es muy probable, donde la Cámara deberá confirmar o no lo dictado por el juez.
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