Los ex obreros de la Itaipú binacional, margen derecha, solicitaron al Gobierno la pronta instalación de una mesa técnica negociadora con la entidad binacional, para avanzar en acuerdos para lograr una indemnización por la construcción de la hidroeléctrica.
00:00Si a través de una ley interna nosotros disponemos o le imponemos una deuda a la Itaipú por fuera del tratado, eso trasgrede el artículo 137 de la Constitución, donde se establece el orden de prelación de los instrumentos jurídicos.
00:15Y es por ese motivo que tanto el director general paraguayo como el director jurídico de Itaipú ya anticiparon, ya anunciaron que en caso de que la objeción presentada por el pueblo ejecutivo se rechace en el Congreso, ellos en ese caso presentarían una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por estos motivos que le acabo de señalar.
00:40Hay una conversación constante con los legisladores, el propio director general paraguayo se reunió en varias ocasiones con las comisiones, con los parlamentarios y vamos a seguir haciendo ese trabajo y seguir acercando todos los insumos técnicos que podamos acercar del Poder Ejecutivo para sostener también los argumentos que nosotros expusimos en el veto.
01:01Estamos hablando de 940 millones de dólares, se representa alrededor del 2.3% del PIB, el Producto Interno Bruto de nuestro país.
01:10Hoy, lo que tiene que ver con royal peace y regalías que recibimos, eso está totalmente distribuido, se dirige a Fonacide, a merienda de almuerzo escolar, a becas de estudio, infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, también se curen los servicios de UTI, apoyo integral a mujeres embarazadas.
01:36Es decir, todo esto ya está comprometido y son recursos que ya se destinaron a estos efectos.
01:43Estamos hablando de 940 millones de dólares de compensación y nosotros creemos que no corresponde porque finalmente lo que hace esto es imponerle una deuda a Itaipú y Nacional a través de una ley paraguaya.
01:58Y esto, además que creemos que es inconstitucional, también podría generar un precedente bastante complicado en términos de certeza jurídica.
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