Para el Poder Ejecutivo fue una “buena noticia” el revés que sufrió el sector cartista en el Congreso. Este sector pretendía despenalizar los “olvidos” en las declaraciones juradas. Con esta decisión, ante las rectificaciones a omisiones dolosas, la Contraloría General de la República deberá remitir los casos al Ministerio Público para la investigación correspondiente y la posterior sanción.
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