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La Abogacía del Estado carga contra el juez Hurtado por su investigación “inquisitiva”: “Ha sido un proceso injusto”
elDiario.es
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hace 19 horas
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Me limitaré a explicar de forma extractada algunas de las principales vulneraciones.
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En primer lugar, se vulneró el derecho a la presunción de inocencia al orientar la investigación
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sólo hacia el Fiscal General del Estado y descartar sistemáticamente la investigación
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de otras alternativas, no sólo perfectamente verosímiles, sino respaldadas por las diligencias
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practicadas. A juicio de esta parte, la forma en la que se ha desarrollado la instrucción
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pone de manifiesto que ésta se inició con la idea preconcebida de que el investigado
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era culpable y con el objetivo de conseguir las pruebas que pudiesen demostrar esa culpabilidad.
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Como consecuencia, la instrucción se centró sistemáticamente en la búsqueda por parte
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del instructor de pruebas incriminatorias contra el Fiscal General del Estado. Son indicativas
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de esta orientación prejuiciosa y sesgada de la instrucción, entre otras, las siguientes
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circunstancias. Primero, la forma en la que se inició la instrucción, a la que ya me
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he referido, y en la que se transparenta la intención de sorprender al afectado y privarle
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de toda capacidad de defensa. En segundo lugar, la desidia, o más bien la resistencia del
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instructor a investigar otras posibles fuentes de la filtración del correo de 2 de febrero,
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siendo de destacar que nunca en el curso de la instrucción se acordó, por ejemplo, examinar
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los accesos a los equipos informáticos en los que se recibió dicho correo, a pesar
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de haber acreditado documentalmente esta parte, que fueron muchas las personas que potencialmente
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pudieron obtenerlo accediendo a estos equipos. Tampoco se realizó diligencia alguna en relación
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con los dispositivos de las otras personas que a lo largo del 13 de marzo enviaron o recibieron
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al mismo tiempo que el Fiscal General del Estado los referidos correos electrónicos.
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La UCO solo pudo examinar el material intervenido a dos personas, el fiscal general y la fiscal
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jefa provincial, de entre todas las que participaron en los hechos y tuvieron acceso a los correos
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electrónicos. Y esto derivó en una investigación unidireccional y en un dictamen pericial basado
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en una exposición parcial de los hechos con omisiones llamativas. En tercer lugar, desde el inicio
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mismo de la instrucción y en todo el transcurso de la misma, se presentó como un concierto delictivo
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entre dos personas, el fiscal general y la fiscal jefa provincial, lo que no es más que el mecanismo
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estatutario a través del cual los fiscales suministran información a sus superiores sobre asuntos
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relevantes que es la dación de cuenta. Y ello sin ninguna prueba y, de hecho, en contra de todas las
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evidencias. En cuarto lugar, la falta de indicios sobre el origen de la filtración de la denuncia
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contra don Alberto González Amador, que determinó el sobreseguimiento respecto del teniente fiscal
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de la Secretaría Técnica, no impidió que el instructor, con esta misma ausencia de indicios,
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siguiese buscando pruebas de que esa filtración la había realizado el fiscal general del Estado.
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Y así, entre los hechos investigados que describían las comisiones rogatorias que se libraron solo dos
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días después del sobreseguimiento, se incluía la filtración de esta denuncia por parte del fiscal
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general del Estado. Finalmente, solo el prejuicio y la injustificada convicción del instructor de que
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el fiscal general del Estado había sido partícipe de una operación política puede explicar que el
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auto de transformación se inicie diciendo que el fiscal general del Estado actuó a raíz de
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indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno, cuando ni se había pedido ni se había practicado
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ninguna diligencia que permitiese sustentar semejante afirmación.
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Por otra parte, la investigación tuvo una naturaleza inquisitiva y un carácter eminentemente
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prospectivo. Decimos que fue una instrucción inquisitiva porque llama la atención la proactividad
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del instructor y el número de diligencias acordadas de oficio, su intensidad y su carácter
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invasivo. Fue él quien principalmente asumió la iniciativa de buscar pruebas de cargo vulnerando
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el principio acusatorio. Y decimos que la instrucción fue prospectiva también porque,
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habiéndose iniciado con el mandato de investigar un hecho muy concreto, la posible filtración
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de un correo electrónico el día 13 de marzo, desde el principio se persiguió buscar pruebas
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que hicieran aflorar otras conductas delictivas de las que ni había ni hay ningún indicio mínimamente
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objetivo, incluidas las supuestas consignas políticas recibidas por el fiscal general
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del Estado. Esto se tradujo también, como vamos a ver seguidamente, en un constante vaivén
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en la determinación por parte del instructor de los hechos investigados. El carácter prospectivo
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de la investigación se pone muy bien de manifiesto en la conservación preventiva de todo el material
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intervenido acordada por el instructor por si pudiera ser útil en el futuro, a pesar de
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haber decidido que el análisis debía limitarse, a los días 8 al 14 de marzo.
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A lo largo de toda la instrucción se vulneró también el derecho a ser informado de la acusación.
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La instrucción se ha caracterizado por la ambigüedad en la determinación de los hechos
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investigados y por la constante variación en los relatos de hechos de unas resoluciones
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a otras, sin posibilidad de saber si las inclusiones o exclusiones de hechos suponían
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alguna variación en los cargos o en el ámbito de la investigación, con las consiguientes
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dificultades que experimentamos para diseñar una estrategia de defensa. La defensa nunca
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ha sabido con certeza qué hechos eran objeto de la investigación, qué hechos se consideraban
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constitutivos de revelación de secretos o qué concretas conductas constitutivas de
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delito se atribuían al fiscal general del Estado. Es hoy el día que no sabemos cuáles
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de los siguientes hechos se atribuyen al fiscal general del Estado. La filtración de la denuncia
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presentada en los juzgados contra don Alberto González Amador. La filtración del correo
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de 2 de febrero a los medios. La elaboración y difusión de la nota informativa o el envío
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del correo de 2 de febrero a la presidencia del Gobierno. Y eso que la sala despejó al
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menos la última y sorpresiva imputación del auto de transformación que también atribuía
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al fiscal general del Estado haber actuado en todo momento siguiendo las indicaciones
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de la presidencia del Gobierno. Invitamos a la sala a leer la exposición
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que hacemos en nuestro escrito del contenido de las sucesivas resoluciones del instructor
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porque sólo así se puede apreciar en toda su dimensión hasta qué punto el fiscal general
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del Estado y su defensa nunca hemos sabido de qué imputaciones había que tratar de defenderse.
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