La noche del 29 de septiembre de 2025 se le tuvo que atragantar a base de bien a más de un residente en el Palacio de La Moncloa después de escuchar el informativo de Vicente Vallés.
El director y presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticia esgrimió dos informes que, lejos de servir de ayuda a la mujer de Pedro Sánchez, pueden acabar siendo su condena más absoluta:
Cabía la posibilidad de que los dos informes ayudaran a Begoña Gómez en su defensa. También podía ser que uno fuese más favorable que otro. Pero lo que ha ocurrido es que los dos son extraordinariamente incómodos para la esposa del presidente del gobierno. Sobre todo porque se trata de informes realizados por instituciones del Estado. Uno es de la Guardia Civil y el otro es de la Intervención General, cuyos técnicos son del Ministerio de Hacienda, pero al servicio de la Fiscalía de la Unión Europea, porque el caso podría afectar a fondos comunitarios. Por tanto, no se trata de informes realizados por las acusaciones, sino por funcionarios del Estado a disposición del juez y de la Fiscalía Europea.
Comenzó desgranando el informe relativo a la UCO:
Empezamos por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Sus agentes han detectado 121 correos electrónicos de la asesora de Begoña Gómez. En esos 121 mensajes, la asesora intervenía directamente en las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Por tanto, según la investigación de la UCO, la ayuda de esa asesora no habría sido ocasional, al contrario de lo que declaró la propia Begoña Gómez, sino que su asesora, Cristina Álvarez, habría participado de forma habitual y continua en las gestiones para financiar la cátedra de la mujer del presidente del gobierno.
Recordó el turbio asunto de las cartas de recomendación de la esposa de Pedro Sánchez:
Esta no es la única novedad que afecta a la esposa del presidente del gobierno. La Intervención General del Estado, que está encuadrada en el Ministerio de Hacienda, ha advertido a la Fiscalía Europea de que las cartas de recomendación que presentó Begoña Gómez beneficiaron injusta e ilegalmente a las empresas de Juan Carlos Barrabés. Quizás recuerden la polémica que hubo con aquellas cartas de recomendación.
Y advirtió de que en Bruselas este asunto no se lo van a tomar, precisamente, a broma:
El presidente del gobierno quiso restarle relevancia definiéndolas como simples declaraciones de intereses, pero los funcionarios del Estado no opinan lo mismo y también han detectado un posible fraude de ley en contratos adjudicados a ese empresario. Todo esto se recoge en un informe extensísimo de 300 páginas realizado para la Fiscalía Europea, porque podrían haberse utilizado de forma ilegal fondos procedentes de la Unión Europea. Y eso en Bruselas no es algo que se acepte con normalidad.
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