El gobierno avanza con un ajuste sobre las políticas de lucha contra las adicciones. Desde agosto cerró cerca de cincuenta Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), que atendían de manera gratuita a personas con consumos problemáticos. Estas casas son gestionadas por movimientos sociales, la iglesia y organizaciones de la sociedad civil, mediante convenios con el Sedronar; muchas de ellas funcionan en barrios populares, donde reciben a jóvenes con problemas de consumo y personas en situación de calle para acompañarlos en sus procesos de recuperación. El argumento con el que el Sedronar las está cerrando es que detectó irregularidades en una serie de auditorías; sin embargo, desde las organizaciones denuncian el uso de datos falsos e incluso casos de cierres sin ninguna auditoría.
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