Argentina evalúa cambios en la política de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales y discute reciprocidad en servicios públicos con países vecinos. En Argentina, se está debatiendo un cambio en la política de expulsión de inmigrantes que cometen delitos. Tradicionalmente, solo aquellos con condenas eran considerados para la expulsión, pero ahora se plantea ampliar este criterio. La discrecionalidad del país para permitir o negar el ingreso es absoluta, y se ha señalado que Argentina ha sido demasiado permisiva al no expulsar a personas con antecedentes penales.
Además, se discute la reciprocidad en servicios públicos como salud y educación entre Argentina y países vecinos. Se argumenta que los tratamientos médicos no urgentes no deberían ser financiados por el sistema público argentino si no existe un acuerdo recíproco. Provincias como Jujuy y Salta ya han implementado medidas restrictivas debido a experiencias negativas con países como Bolivia.
Este debate refleja una preocupación por los recursos nacionales y busca establecer acuerdos más equitativos con otros países para asegurar una gestión justa de los servicios públicos.
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