En un impactante testimonio, el padre de un joven acusado de asesinato expresa su desesperación y frustración ante la falta de apoyo estatal para manejar la conducta delictiva de su hijo. El caso ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado en la prevención del crimen juvenil y el acceso a recursos para familias en crisis. La situación se agrava con declaraciones de familiares que piden penas severas, incluso la pena de muerte, para los involucrados. Este trágico evento resalta las fallas en el sistema judicial y social que permiten que menores caigan en actividades criminales.
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