POR DICK Y MIRIAM EMANUELSSON-HUEZO
Caminamos media cuadra para llegar a la casa de Inés Pérez Aregoses. Ella es de lo que era Tabaco, una pequeña aldea con habitantes afrocolombianas al sur del municipio de Hatonuevo, al sur del municipio de Albania. El 10 de agosto de 2001, la reportera del diario El Tiempo, Ginna Zarate, enviada especial a Guajira, escribía lo siguiente:
“Inés Pérez, 27 años, lloró ayer desconsoladamente. Cuando veía la sangre aún fresca salpicada sobre la blusa que estrenó para buscar trabajo, su profundo dolor parecía tener voz propia.
– ¡Ay, mi papá! ¿Por qué se metió a reclamar?, si los pobres no tenemos derechos. ¡Hubiera dejado que nos tiren todas las casas, para que nos dejen en paz!, dijo, después del enfrentamiento entre 120 policías y 60 habitantes del corregimiento de Tabaco”.
Hoy lidera y es la Coordinadora de la Junta Social Pro Reubicación de Tabaco y es firme en la lucha por los derechos pisoteados por el Cerrejon.
– La Junta tiene como tarea de conseguir la reubicación de la comunidad de Tabaco. En 2002 ganamos una tutela donde el tribunal obligó (sentenció) al municipio de Hatonuevo de reubicarnos. Pero como Usted sabe, los municipios aquí en Guajira la corrupción que existe con eso que se llama regalía, hasta hoy en día no tiene dinero para reubicarnos a nosotros para que nos reconstruye el pueblo. Hoy estamos sentados en una mesa mientras el Cerrejon está esperando que el municipio nos reubique. Quien que debería ser quien reubicar al pueblo es el Cerrejon. En esa lucha llevamos 14 años. La alcaldía está buscando aliados para facilitar de reubicar a nosotros y esa es la tarea principal de nuestra organización en la parte social. Tenemos una tutela en la Corte (Suprema de Justicia), esperando que falle. Pero hoy en día no sabemos, porque son dos años desde haber colocado esa tutela y debería haber fallado pero todavía estamos en espera.
Dice que la lógica seria que fuera el Cerrejon que sea el responsable, tanto de conseguir algo equivalente de la antigua aldea de Tabaco como de construir las casas que la empresa arrasó el 2001, más la indemnización.
Cerrejon pagó, relata Inés, una suma irrisoria ocho años después de haber tumbado el pueblo de más de 200 familias, unas 700 personas, que fueron expulsadas el 9 de agosto de 2001. Hoy la comunidad se ha duplicado.
