Hay una suerte desencanto profundo y, espero, no letal para Guatemala, escondido en las elecciones generales que se llevaran a cabo este domingo 16 de junio. Como nunca antes, la mano de una facción de la comunidad internacional ha influido grotescamente las elecciones generales para elegir presidente de esta nación centroamericana.
De tal suerte, que los guatemaltecos llegan a las urnas envueltos en una nube de desencanto, incertidumbre y de tremenda frustración. Tienen ante sí una votación cuyo proceso electoral concluye en medio de rumores, evidencias de manipulación con un notable número de candidaturas a presidente revocadas y el sentimiento de que todo fue orquestado para terminar en una elección cuyo resultado fue definido por intereses espurios de un par de funcionarios extranjeros, en inconfesable contubernio con muy cuestionables fuerzas que ha intentado por tres décadas hacerse del poder político de la nación, y que no han contado con el favor popular de los guatemaltecos.
Revisemos los puntos, para tratar de entender la realidad de este atípico proceso.
Por influencia de estos pro cónsules y bajo el enunciado de “sanear el sistema democrático guatemalteco”, el congreso de la república bajo una presión extranjera sin precedentes reformó la ley electoral y de partidos políticos, esa presión ejercida abiertamente y a plena luz del día, logró que se aceptaran una serie de cambios que dan por resultado una votación que tiene vicios estructurales gravísimos.
Bajo las nuevas reformas a la ley, las opciones para conocer a los candidatos y sus propuestas fueron limitadas mediante el control de los medios de comunicación. Se estableció un proceso con un patrón coercitivo para que no se pudieran publicar entrevistas o datos de los aspirantes. Se definió la cantidad de propaganda en los medios y se impuso las tarifas que los medios podían cobrar, siempre y cuando estuvieran registrados ante el tribunal –muchos medios decidieron no registrarse-. Por supuesto, se establecieron cuotas y se asignaron a los partidos de acuerdo a criterios que, de no seguirse, convierten a los medios de comunicación en responsables de un delito.
Esto hizo imposible que se conocieran a los candidatos emergentes y sus planes de trabajo en forma masiva como es lo normal en el mundo libre y democrático.
No contentos con esto, los funcionarios extranjeros, propiciaron una persecución contra candidatos y organizaciones nunca antes vista. Quizá este último punto sea el menos cuestionable y rescatable porque sacó selectivamente a luz vinculaciones con narcotráfico, corrupción y otros vicios indeseables en candidatos que no debían serlo. Y digo selectivamente porque hay una notable tendencia para usar el poder de las investigaciones contra ciertos aspirantes y el más que notorio encubrimiento con aquellos a quienes se quería promover.
