Hay dudas legales sobre su aplicación. El Gobierno andaluz defiende la constitucionalidad de las expropiaciones temporales, de hasta tres años, de los inmuebles que la banca se quede después de un desahucio. El Gobierno, a través del Minsitro de Justicia, ha transmitido un mensaje de cautela. Este jueves, en cuanto se publique el decreto, los servicios jurídicos del Estado lo estudiarán con detenimiento. Es la misma postura que, de momento, mantiene la banca. La izquierda mantiene que es una medida excepcional para una situación de emergencia. El Partido Popular cree que colisiona con el derecho a la propiedad
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