La Ley obliga a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes a traspasar los servicios sociales a las comunidades autónomas . los alcaldes afectados se quejan de que se quedan sin competencias, porque además se traspasa el servicio, pero no la dotación económica. Hay ediles que apoyan la ley , consideran que las arcas municipales son ya demasiado exigüas, como para seguir sobrecargándolas más.
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