En Bolivia, la oposición ha intentado vincular el hecho de que el gerente general de la empresa LaMia, hubiese sido piloto del avión presidencial y dejando entrever una relación de privilegio para la concesión de la licencia de operación de la empresa. Ante ello, el propio gobierno de Evo Morales señaló que ha decidido suspender a las principales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) con el fin de facilitar las investigaciones a fondo. El gobierno de Bolivia aseguró que se otorgaron privilegios importantes en la consolidación de la empresa. También ha trascendido que se ha abierto un proceso penal contra una funcionaria del aeropuerto de Viru Viru, debido a que reportó con una demora de 24 horas que había rechazado el plan de vuelo del avión e hizo cinco observaciones, la principal de ellas la capacidad de carga de gasolina para que la nave llegara a su destino. teleSUR
