Las encuestas de las últimas semanas sobre el tema de la corrupción, confirman la madurez y sensatez de los venezolanos. Los entrevistados declaran sin ambages que el letal fenómeno ocurre por igual en el sector público, es decir, en la estructura administrativa del estado, y, por ende, del gobierno, y en el sector privado. Para los consultados la situación es similar en ambos sectores, y se pudiera decir que la conclusión es, prácticamente, la siguiente: detrás de un corrupto que trabaje en el sector público siempre hay uno del sector privado y viceversa. Lo cual complica más la situación para la aplicación de medidas duras y eficaces, ya que en ese ambiente terminan imponiéndose las complicidades.
Las encuestas también revelan que la corrupción está presente en todo el aparato del estado. En el Poder Nacional, en las gobernaciones estadales y en el Nivel Municipal. Aquellos que son requeridos por los encuestadores se refieren a la globalidad del fenómeno y a nadie excluyen.
Un cuadro con tales características, confirmatorias del auge que ha cogido la corrupción, de cómo ésta envuelve la vida pública y privada del país, debería servir para que el liderazgo nacional tome conciencia de lo que está planteado. De la gravedad de la situación y de los esfuerzos que hay que realizar para hacer frente al problema.
Si Venezuela vive una situación de emergencia en esta materia, entonces hay que asumirla en términos de emergencia. Emergencia política y social, emergencia legislativa, emergencia en lo referente a la administración de justicia. Por eso que el planteamiento relacionado con la necesidad de una ley habilitante es pertinente y hace sospechosa la actitud de aquellos que se oponen. La habilitante no es para perseguir a dirigentes políticos de la oposición como se ha dicho de manera irresponsable: es para luchar a fondo contra la corrupción. La habilitante no es para darle poder desbordado, arbitrario, al estado, sino para garantizar respuestas apropiadas, certeras del estado. Está visto que el régimen legal existente no es suficiente, ya que en ese marco la corrupción se ha expandido. Por tanto, para conectar con el sentimiento de los ciudadanos, de aquellos que acertadamente caracterizan el fenómeno, hay que actuar sin dilación y dejando de lado la pretensión de quienes al mismo tiempo que denuncian la corrupción y claman al cielo por sanciones ejemplares, descalifican las medidas que se deben adoptar y navegan, prácticamente, en una ambigüedad cómplice.
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