Si bien es cierto que grabar conversaciones sin autorización legal es un delito, no es menos cierto que lo que se dice en ese tipo de conversaciones sobre planes conspirativos y recomendaciones para subvertir el orden democrático y constitucional, también constituye delito, incluso mucho más grave.
Es por esto que lo que afirma María Corina Machado acerca de su disposición a pasar por encima del ordenamiento legal del país para salir del actual gobierno, o lo que informa esta diputada en el audio difundido sobre la conducta del coordinador de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, proponiendo opciones extra constitucionales para Venezuela, no debe ser ignorado. Se impone conocer toda la verdad y los organismos competentes tienen que actuar, tanto el Ministerio Público y los tribunales competentes en el ámbito de la administración de justicia, y, en lo político, a través de la Asamblea Nacional.
Cada vez que se difunden grabaciones políticamente comprometedoras, se desatan las especulaciones. Las principales tienen que ver con la autoría. En el caso del audio que recoge la conversación de María Corina Machado con el historiador Carrera Damas, la reacción inmediata de la oposición consistió en achacar el hecho al gobierno. Pero circulan otras versiones centradas en atribuir lo sucedido a las contradicciones y problemas internos que aquejan a la oposición. Algunos analistas coinciden en que la descalificación que la diputada machado hace del liderazgo de capriles y la manera como delata el sórdido contenido de una entrevista de Ramón Guillermo Aveledo con funcionarios del Departamento de Estado de los EE.UU., da pie para pensar que otros factores fueron determinantes en la filtración del referido audio.
En una encuesta realizada por Time Magazine sobre el caso del agente de la CIA, Edward Snowden, que divulgó información sobre la red de espionaje de los EE.UU. En el mundo, el resultado fue:
1) A la pregunta de si el entrevistado consideraba que el informante hizo algo bueno divulgando lo que hace la agencia nacional de seguridad: resultado, bueno, 54%; malo 30%.
2) Sobre si el entrevistado está preocupado por el uso que el gobierno hará de la información recolectada: resultado, muy preocupado, 63%; no me importa, 36%.
3) Acerca de si el gobierno debería enjuiciar a quien pasa este tipo de información: resultado, no, 53%; si, 28%. Times ha hecho un reportaje sobre quiénes han pasado este tipo de información: todos tienen grados universitarios, menores de 40 años y han trabajado de algún modo para el gobierno federal.
La derecha es igual en todas partes. Ejemplo: algunos personajes descalificados que seguramente manipulan dirigentes de la oposición, se han dirigido al Tribunal Supremo, a la Fiscalía General y a la Contraloría, solicitando que el Presidente Nicolás Maduro presente su partida de nacimiento donde conste que nació en Venezuela porque “dicen que nació en Colombia”. La derecha norteamericana intentó otro
